Hace un año 25 gobernadores se reunieron en Rionegro, Antioquía, para conmemorar los 160 años de la Constitución política que aprobó una convención constituyente en dicho lugar. Producto de dicha reunión fue una declaración de diez puntos en favor de una “verdadera autonomía territorial” que se inspire en el “legado federal libertario” de la Constitución de Rionegro aprobada en 1863. Desde entonces, la consigna por una “Colombia Federal” ha sido agitada por la Federación Nacional de Departamentos y sintetizado en su libro, reeditado y lanzado en la pasada FILBo 2024, titulado “Reflexiones para afianzar la autonomía territorial”, que se puede descargar libremente por la web.
A decir verdad, no sorprende la vigencia del federalismo y las voces en favor del mismo, pues después de todo nuestra república nació federal en 1810, y los intentos de socavar ese legado no han dejado de ser infructuosos. Así lo confirmo el fundador de este periódico, José de la Vega, en su estudio titulado “La federación en Colombia” y publicado en 1912. En dicho texto, clásico en su entonces, se daba cuenta de la larga tradición del federalismo en Colombia y sus diversos percances respecto a la organización constitucional del país. Algo a destacar es que el autor no concibe una oposición radical entre centralismo y federalismo, pues ambos propenden por fortalecer la unidad nacional, aunque sí en la jerarquía con la que se hace valer la soberanía en sus secciones. Para De la Vega, dicho debate quedo zanjado felizmente con la fórmula de la Constitución de 1886 (que reemplazo a la de 1863): centralización política y descentralización administrativa.
Justamente lo que resalta De la Vega es que el problema entre centralismo y federalismo era cual garantizaba mejor la descentralización desde su nivel territorial más básico: los municipios. En ese horizonte del debate fue que se manifestó la reforma constitucional de 1910, para enmendar la deuda en materia de descentralización que prometía la carta de 1886 y que seguía en deuda de superar el legado que se le había criticado en dicha materia a los antiguos nueve Estados Soberanos que dieron origen a la carta de 1863. Desde entonces, pasamos de ocho Departamentos en 1903, luego de la separación de Panamá, a catorce en 1910, a 22 en 1968 y finalmente a 32 en 1991, con la aprobación de la constitución que actualmente nos rige. De igual forma, se duplicaron la cantidad de municipios creados desde principios de siglo XX hasta finales del mismo siglo, llegando a los 1.103 municipios actuales.
Ahora bien, la subdivisión territorial antes mencionada, apenas lógica con base al crecimiento de población del país, no se ha traducido en mayores libertades para los ciudadanos sino en mayores poderes para los alcaldes y gobernadores, quienes después de 1991, quieren aumentar sus recursos y ampliar sus potestades, todo evidentemente a costa de mayor carga tributaria y asfixia legislativa para sus gobernados, como claramente se puede deducir de la propuesta de “Colombia Federal” de la Federación Nacional de Departamentos.
Es evidente que, de apostar por una pedagogía en favor de una república federal de Colombia que sea fiel al “legado federal libertario” de la constitución de 1863 y propender hacia una “verdadera autonomía territorial”, es necesario fortalecer las libertades de los ciudadanos y no los poderes de los gobernadores, como efectivamente hizo el artículo 15 de la carta de Rionegro y su catálogo de dieciséis libertades individuales que debían respetar tanto el gobierno nacional y los regionales. Fue justamente en esto último que fallo tanto la vieja carta de 1863 como la actual de 1991, algo que sin duda debe subsanar una verdadera propuesta por una “Colombia Federal”.