En el escenario continental, la situación de Venezuela es la amenaza más actual y contundente en contra de la democracia y de los derechos humanos que constituyen los valores esenciales del sistema interamericano. Ante la pasividad, la indiferencia y, en algunos, complicidad de los Estados miembros de la OEA, su Secretario Almagro, valiente y reiteradamente, ha señalado los peligros que entraña el gobierno chavista para la paz, la estabilidad y el desarrollo de la región. En reciente discurso advirtió que los “buenos oficios y las gestiones diplomáticas emprendidas durante todo el año de 2016 y parte de 2017 han fracasado”, y que bajo su manto “Venezuela se ha convertido en una dictadura”.
En efecto, la Constitución ha perdido todo vigor y vigencia, el Estado de Derecho se derrumba con la cooptación del Poder Judicial por el Ejecutivo y la consiguiente anulación de todas las decisiones del Legislativo. El pueblo venezolano ha perdido sus derechos electorales y se halla a merced de un régimen autoritario que le conculca los derechos y garantías más fundamentales, comprendidos la libertad, la seguridad, la salud y la subsistencia alimentaria. El ejercicio de recursos legales o de la legítima protesta ciudadana acarrea cárcel y torturas revestidas de total impunidad. La mayoría de los países miembros de la OEA permanecen silenciosos, unos por los subsidios petroleros que les concede Venezuela, otros por solidaridad ideológica, y los más intimidados por los insultos y agravios de Maduro y sus secuaces.
Son otros Estados y ciudadanos los que han acudido ante la Corte Penal Internacional o ante el gobierno de los Estados Unidos para que los gobernantes chavistas sean procesados por sus crímenes, como ya ocurrió con el Vicepresidente y los sobrinos de la esposa de Maduro, sindicados de narcotráfico.
Cada día que pasa la dictadura invita a la tiranía y al fúnebre carnaval de violencia y muerte que requiere para mantenerse. Nadie gozará de las más mínimas garantías, ni los venezolanos sojuzgados, ni los demás Estados americanos que no han tenido el coraje de sancionar al gobierno chavista como lo autoriza la Carta Democrática de la OEA.
Hay una amenaza inminente a la paz en el continente, y su primera expresión atañe a Colombia. La incursión de tropa venezolana en territorio colombiano en días pasados, obedece a una clara provocación dirigida a atemorizar a un Gobierno que suponen débil por sus respuestas a desmanes anteriores y por sus silencios prolongados. Las tiranías usan la guerra como instrumento de perduración. El Gobierno Santos debe entender lo que ya sabe el pueblo colombiano: la paz exige coraje, carácter y templanza, sí se quiere defenderla.