El gobierno radicó otra vez la reforma laboral, prácticamente la misma que habían presentado y que fue archivada. Y otra vez, fue presentada sin consenso del sector productivo. La reforma laboral no formaliza ninguno de los 12,8 millones de colombianos en la informalidad, no crea un solo empleo para los 2,5 millones de desempleados, no genera ninguna oportunidad a los 2,6 millones de jóvenes que ni estudian ni trabajan.
La reforma aumenta los recargos de horas extras en los fines de semana del 75% al 100% y establece que habrá recargo nocturno a partir de las 7 p.m. y no desde las 9 p.m como venía siendo. Estos cambios aumentan los costos salariales de las empresas, y por supuesto, terminan encareciendo los productos y servicios que ofrecen. Por ejemplo, una tienda que vende cuando los ciudadanos regresan de trabajar tendrá que pagar el recargo, lo que significa que sus precios aumentarán, o para mantener sus utilidades disminuirán empleados. 
Un aumento de los costos laborales será asumido con dificultad, pero sin traumatismos por las grandes empresas. Sin embargo, las pequeñas y medianas empresas resultarán fatalmente afectadas. Los costos serían tan altos que les quitaría competitividad y además de reducirles las escasas ganancias terminarán por tirarlas a la informalidad o quebrándolas. Colombia cuenta con 7,1 millones de empresas, de las cuales 5,8 millones son informales. Solo 72 mil empresas cuentan con más de 11 trabajadores y son formales.
La reforma desaparece el contrato de aprendizaje del SENA y lo convierte en contrato a término fijo. Esto genera un incentivo perverso. Las empresas van a preferir pagar multas por no contratar estudiantes del SENA que incurrir en todos los costos salariales de un contrato a término fijo. Me parece que el gobierno pretende eso; más ingresos para el Estado en vez de darle alternativas para los jóvenes.
Además, privilegian el contrato a término indefinido. Aunque ésta debería ser la norma podría atentar contra la especialización de empresas tercerizadas. Obligar a establecer este tipo de contratos con todos los empleados podría acabar con las economías escala y con empresas subcontratistas.
Yendo en contra del cambio mundial que será inevitable, se prohíbe que las empresas evolucionen. Si aparecen tecnologías que involucren una salida de personal, la empresa no deberá despedir a los trabajadores. Nuevos jóvenes profesionales en carreras de ingenierías ambientales o cuidado del medio ambiente tendrán más barreras para entrar a esas empresas.
La reforma establece que los sindicalistas tendrán acceso a toda la información financiera de las empresas, así como de proveedores, clientes esenciales, competidores, estrategias corporativas.  Esta información podría usarse para venderla a competidores o para chantajear a empleados o empleadores. Rompe la administración de las empresas y va debilitando el sentido de los empresarios como gestores de su propia empresa. Contempla también más fueros sindicales y beneficios para sus asociados. Este excesivo fortalecimiento contrasta con el ataque a los sindicatos de empresa, y a los beneficios que dan los empleadores a trabajadores no asociados. Acaban con los “pactos colectivos”. Un grupo de trabajadores quisiera unirse para pedir peticiones a los empleadores no podrán hacerlo. Solo será válido lo que se haga mediante el sindicato grande.
 Y se crean las negociaciones por rama. Un sindicato puede llamar a negociaciones para tener beneficios extralegales no solo para su empresa sino para todo el sector económico. De esta manera van a quebrar todas las empresas pequeñas. Si en la negociación se establece una prima extralegal para todo el sector comercio, solo los grandes empresarios podrían costearlo, los pequeños deberán hacerlo, pero quebrarán. Se convierte en un eficaz mecanismo para impedir la competencia poniendo barreras de entrada.
 Hay un aspecto positivo de la reforma, y es el pago de seguridad para empleados en plataformas de reparto. Estos trabajadores podrán ser dependientes subordinados o independientes y autónomos, y el empleador pagará el 60% de la salud y pensión por el tiempo parcial trabajado. El trabajador pagará el 40% restante. Este capítulo de la reforma fue construido en acuerdo con el gremio de plataformas de reparto.
 Lo más problemático de esta reforma son sus tiempos; en medio de la recesión que se avecina puede ser un factor que consolide un bajo crecimiento económico y consecuentemente, al crecimiento de la pobreza. En el segundo trimestre la economía solo creció un 0,3%, para junio la producción manufacturera cayó un 4,8%, las ventas un 5,3%, las ventas minoristas un 11,9% y el personal ocupado un 0,9%. El gobierno debería entender que sus errores no sólo afectan su proyecto policial, sino que los sufrimos todos los colombianos.