“Asoman estrategias contrarias a lo que el país quiere”

El año electoral se presenta lleno de incertidumbres, no solamente por la indefinición de las reglas que le serán aplicables, sino también por la inconformidad ciudadana con el comportamiento de unas fuerzas políticas afectadas por cuestionamientos éticos, y ajenas a los problemas que aquejan a los colombianos. 

El trámite inconcluso de la reforma electoral no permite conocer las reglas y procedimientos que regirán el debate y desconcierta y paraliza la acción de los eventuales candidatos. Por otra parte, la creciente pérdida de representatividad de los partidos y movimientos, los cuestionamientos que afectan a sus dirigentes, su incapacidad propositiva y la trashumancia crónica de muchos de sus líderes nacionales y regionales, han erosionado su credibilidad y reducido los efectivos de sus militancias. Su apego a las prácticas clientelistas espanta a una opinión pública cada día mejor informada y más independiente, y ha dificultado la adopción de procedimientos como las listas cerradas que podrían mejorar la calidad de sus liderazgos, la renovación de sus cuadros, su identidad ideológica y capacidad propositiva, que los alejen de esa oprobiosa condición de organizaciones dedicadas al interés y beneficio de sus representantes. 

Todo ello favorece la configuración de un mapa lleno de movimientos personalistas, o étnicos, o de confesiones religiosas, o con intereses sectoriales, de vidas muchas veces efímeras, y que terminan sirviendo de albergues de paso de ciudadanos en búsqueda de alternativas siempre insatisfechas. Peligroso escenario que incita a la polarización como un mecanismo de recuperación de extremismos en las identidades ideológicas y expresión de radicalismos en los que generalmente naufragan las libertades. 

Desde ahora parecen asomar conductas y estrategias muy contrarias a lo que el país requiere para enfrentar los retos y dificultades que se le presentan. En octubre no se podrán soslayar los problemas derivados de la inseguridad; de la migración foránea; de la preservación del ambiente; de la infraestructura insuficiente; de la crisis agraria; del acceso, calidad y financiación de la educación; de la corrupción generalizada en los ámbitos públicos y privados; de la presencia y acción de la institucionalidad en los territorios, entre otros, todos ellos de obligatoria incorporación en los planes de desarrollo de las entidades territoriales. 

El gobierno procurará en estos meses alcanzar acuerdos sobre el Plan de Desarrollo que pueda aportar respuestas y entenderse como una Plan para la Equidad en el desarrollo de Colombia. Será objeto de debate porque aspira a fijar el rumbo del país en los próximos cuatro años y debería adelantarse de manera informada para fortalecimiento de la democracia.  Sin embargo otro parece ser el propósito de la oposición que anuncia violencia en las calles, intransigencia en los debates y anarquía en sustitución de la democracia.