Las últimas encuestas traducen las ventajas de las que goza Gustavo Petro y que poco inquietan a sus relegados competidores. Mientras el candidato del Pacto Histórico acumula propuestas irrealizables, pero de buen recibo en una ciudadanía incrédula en las bondades de las instituciones, los demás aspirantes se engarzan en disputas de mecánica electoral que acentúan sus vanidades y también sus incapacidades para conectar con una ciudadanía inmersa en angustiosa incertidumbre sobre su futuro. No han entendido que no es hora para la mecánica hoy desfalleciente, sino momento para inspirar y convocar a un nuevo país.

Petro lo hace a su manera, a sabiendas de que sus fantasmagóricas iniciativas se verán realzadas por los contrarios dictámenes doctorales de sus opositores, que tienen más de rancio que credibilidad. Así, propuso terminar la exploración y producción de petróleo, decretar la rebaja de los arrendamientos, la compartición de las utilidades de las empresas con sus trabajadores, la impresión de billetes para distribuirlos entre todos los considerados en estado de pobreza. sin importar sus efectos sobre las cuentas nacionales, la inflación, la carestía de la vida y el bolsillo de todos, la inviabilidad de las empresas y el impacto brutal sobre el desempleo de los colombianos. Gracias a la distracción inexplicable de sus rivales avanza sin contención, unos posando de ángeles redentores, otros de sabios acumulando desaciertos y otro estigmatizado de paria para procurar relegarlo a la soledad, como lo acreditan las últimas mediciones de la intención de voto.

Usufructuario de la inseguridad que él mismo ha alentado, amplía sus propuestas a la noción de seguridad humana que incluye sus conceptos sobre el Estado Fuerte, la Fuerza Pública, el origen y distinción de la naturaleza de los delitos y la justicia transicional y reparativa. El delito debe caracterizarse por sus causas y no por sus elementos constitutivos. Distingue entre el delito que, supone, tiene como causa el hambre y el que denomina como el de la mafia de origen delincuencial, ambos entendidos en disímil grado como problemas sociales y no principalmente criminales.

Propone una nueva JEP que despoje de su poder al delincuente a cambio de sanciones retributivas (impunidad) y amnistía, pero también reparativa para desmantelar las organizaciones criminales mediante compensaciones onerosas a los victimarios. Se conseguiría en un Estado Fuerte animado por un plebiscito diario entre ciudadanos y el Estado, en el que la Fuerza Pública obedecería a la voluntad ciudadana. Es en todos sus aspectos la versión actualizada del Estado Totalitario flanqueado con lo que llama una economía popular, y la Banca Pública.

Por último, acude a la transfiguración de su imagen, apropiándose descaradamente de la Revolución en marcha de López Pumarejo, del Populismo de Gaitán y de la búsqueda del Acuerdo sobre lo Fundamental de Álvaro Gómez, para engañar sobre la construcción de un país a su gusto, en el silencio de sus ciudadanos y la imposición de ese progresismo, hoy sutil disfraz de los nuevos sátrapas. Y mientras tanto, con excepción de Rodolfo, los demás ocupados en determinar el sexo de los ángeles.