“Sin presencia del Estado no habrá paz”

EL acuerdo de paz no se tradujo en el cese de la violencia en el país y en mayor seguridad para ciudadanos y comunidades. Por el contrario, las disidencias de las Farc, el Eln y las bandas criminales financiadas por los carteles mejicanos de la droga, plantean un reto para la seguridad nacional más complejo que el ofrecido por las Farc.

Si bien los dos primeros todavía pretenden mostrar una imagen de insurgentes políticos, la verdad es que todas estas organizaciones se nutren principalmente del narcotráfico y de la minería ilegal que constituyen su principal fuente de ingresos y que exigen control territorial para la expansión y seguridad de su actividad delincuencial. Su poder bélico y el control social que ejercen en varias regiones de Colombia se ha potenciado y se viene expresando, no solo en asesinatos de líderes sociales y secuestros y extorsiones a empresarios y trabajadores, sino también en intimidaciones y ataques a la Fuerza Pública, que logran el objetivo de obstaculizar su misión de mantener el orden público o recuperarlo cuando fuere turbado, con la complicidad forzada o voluntaria de comunidades que derivan su subsistencia de la siembra y cosecha de la hoja de coca.

Los carteles mejicanos han sustituido con su gente a los intermediarios del negocio y aseguran así el tránsito de la cocaína a los mercados internacionales por sus propios medios. Bajan los costos y acrecientan las ganancias a costa de la seguridad e integridad de comunidades inermes, sometidas al control de los delincuentes y abandonadas por una institucionalidad ausente y ajena a su situación y necesidades. 

El gobierno anterior fue incapaz de recuperar el control de las regiones en las que se guarnecía las Farc. Tuvo cuatro años para hacerlo, pero prefirió abstenerse para no molestar a sus interlocutores en La Habana. Su improvidencia es la responsable del inmenso reto que hoy afronta el país y cuya resolución es indispensable para la tranquilidad, el orden, la soberanía y la integridad territorial de la nación. La presencia del Estado en todas las regiones de Colombia es hoy el primer imperativo de la seguridad nacional. Las amenazas crecen y las respuestas se hacen esperar Sin la presencia del Estado no habrá seguridad, ni productividad ni justicia. Sin ella no habrá paz.

El gobierno del presidente Duque debe acometer esa tarea sin demora. Tienen razón quienes sugieren cambios en las cúpulas de la Fuerza Pública. No pueden acometer la nueva política quienes condujeron la fallida estrategia anterior. Es momento que exige una nueva  misión que debe ser conducida por un nuevo mando. Lo exige la seguridad nacional y la protección y tranquilidad de los colombianos. Llegó la hora de hacerlo.