Robert Bernstein dejó constancia hace dos años, poco tiempo antes de su deceso, en un artículo en el New York Times, del maltrato con el que se desnaturalizaba su legado como creador de Human Rights Watch (HRW). Expresó su preocupación por la desviación de la misión original de HRW de focalizarse en los abusos que caracterizaban a sociedades con regímenes que censuraban los derechos a la libertad de expresión, pero que se extendió a sociedades democráticas que, si bien no están exentas de cometer abusos, “tienen la habilidad de corregirse a través del debate público, una prensa libre y otros mecanismos que fomentan reformas”. Cuestionó los reportes de la ONG por apoyarse en historias que no eran verificables y señaló que muchos de los testigos procuraban ventajas políticas, con lo que se afectaba irremediablemente la credibilidad de HRW. Esa desviación se ha acentuado en los últimos años y parece tener vocación de perdurar, como lo indican declaraciones e informes recientes de HRW en Europa, el Medio Oriente y las Américas.

Kenneth Roth, director de HWR en Europa, provocó repudio con una declaración en la que se preguntaba: “¿la islamofobia puede ser más evidente?  el gobierno francés recomienda el tapabocas, pero prohíbe el burca”, que desencadenó legitima indignación en un estado laico que lidia con el coronavirus y en una sociedad que proscribe la desigualdad de los sexos. Más recientemente, el informe sobre la situación israelí-palestina que acusó a Israel de violaciones de derechos humanos, pero guardó sepulcral silencio sobre los actos de terrorismo de la organización Hamas, suscitó rechazo, ya no solamente del gobierno israelí, sino también del Jewish Comittee, respetada organización de derechos humanos defensora de las libertades civiles y crítica de toda discriminación. 

A esa tendencia no ha escapado la HRW de Vivanco. Llama la atención la perfecta sincronización de su informe con la presencia de la CIDH en el país, en momentos en que el repudio ciudadano agotó la continuidad del paro, tan costoso en vidas y pérdidas económicas. Con el mismo deleznable procedimiento de atribuir verdad a testimonios no verificados, se pretende insidiosamente aportar a la CIDH elementos que le permitan atribuir a la Policía nacional sistematicidad en presuntas violaciones a los derechos humanos, al tiempo que olímpicamente se ignora el vandalismo que sistemáticamente acompaña las marchas y desmanes y las agresiones a los policías. 

Se quiere soportar interpretaciones violatorias del art. 15 de la CADH que sujeta el derecho a la protesta a restricciones fundadas en el interés de la seguridad nacional, de la seguridad o del orden públicos, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos o libertades de los demás. El objetivo es estigmatizar a la Fuerza Pública y señalar la supuesta debilidad de nuestra institucionalidad que les permita la presencia de un Grupo de Expertos Independientes, provenientes de las ONG que nutren de personal a la CIDH. No resulta difícil desentrañar el objetivo electoral que se persigue. Soldado avisado no muere en guerra.