La crisis política y humanitaria que padece Venezuela ha generado una migración masiva hacia territorio colombiano que constituye un inmenso reto para las autoridades nacionales. El creciente volumen de personas que ingresan al territorio nacional exige del Estado colombiano políticas muy distintas de las que se elaboraron para enfrentar la migración regular que hasta hoy había conocido Colombia.
Ese masivo fenómeno humano deber ser abordado desde la perspectiva de los vínculos históricos de dos naciones hermanas y de su carácter humanitario. Requiere políticas que mitiguen sus efectos sobre la estabilidad macroeconómica y fortalezcan la capacidad de los entes territoriales para mantener los niveles de cobertura y la calidad de la oferta del Estado para atender una población de vertiginoso crecimiento.
Para tal efecto, el Conpes aprobó el pasado mes de noviembre de 2018 la Estrategia para la Atención de la Migración desde Venezuela, fijando entre otros objetivos los de identificar las rutas de atención e integración para la población migrante procedente de Venezuela y fortalecer la institucionalidad existente para su debida atención. El documento Conpes estableció que la estrategia tiene un periodo de implementación entre el 2018 y el 2021 y dispuso que las acciones serán financiadas con el presupuesto de cada entidad de acuerdo al Marco Fiscal de Mediano Plazo vigente. Ordenó un seguimiento semestral a la ejecución física y presupuestal de la estrategia y estableció una instancia que coordinara y articulara el seguimiento y monitoreo de las acciones adelantadas por diferentes actores en todos los niveles territoriales.
Se trata de una tarea mayúscula que hoy confrontan principalmente Felipe Muñoz y Cristián Kruger, Gerente de la Frontera y Director de Migración Colombia. Con el apoyo de la Cancillería, han desarrollado una tarea descomunal sin contar con instrumentos adecuados a una migración masiva y forzada por una dictadura entregada al uso de la represión y de la violación de los derechos fundamentales de los venezolanos. Al tiempo que Muñoz y Kruger se esfuerzan por superar las incontables emergencias que a diario se presentan, acometen la exigente tarea de construir un marco normativo apropiado para la modalidad de migración que se presenta, así como las herramientas e instrumentos que permitan atenderla con los más exigentes parámetros de respeto a los derechos humanos y la mayor eficiencia de la acción del Estado.
La reunión de la Asamblea General de la OEA, en junio en Medellín, debe ser escenario propicio para favorecer la actualización de la normatividad continental en la materia. El liderazgo del presidente Duque, la experticia del canciller Trujillo y el excelente desempeño del embajador Ordóñez en la Organización hemisférica, permitirán la aprobación de nuevas normas y principios para un problema que afecta a todo el hemisferio.