A ocho días de la primera vuelta nada se ha hecho para disipar las inmensas sospechas que rondan al registrador y afectan la transparencia del certamen electoral y la legitimidad de sus resultados. Alexander Vega no ha disipado las irregularidades que se observaron en la designación de jurados, su capacitación y la sindicación de haber sufragado dos veces, ni esclarecido lo ocurrido con los 1.500.000 votos aparecidos  después del pre conteo, ni aclarado el origen del ataque cibernético a las páginas de la Registraduría, denunciado por él, el 13 de marzo, ni despejado la sombra de inhabilidad que cubre al alto funcionario que laboró en la firma INDRA proveedora del software para conteo y consolidación de la votación, ni esclarecido la contratación de la auditoría internacional de los softwares que se utilizarán este 29. Ha sido unánime el reclamo ciudadano y partidista, hasta el punto de sumar al Pacto Histórico, único beneficiario de lo acontecido el 13 de marzo.

Esa malhadada conducta provocó la presentación de tutelas y la apertura de indagación por la Fiscalía, diligencias que difícilmente arrojarán resultados antes de 29 de mayo. Las sospechas contra Vega incluyen el alquiler en vez de la compra del software, que le permite a INDRA amparar el secreto que ha rodeado su capacidad de trazabilidad, desde la mesa de votación hasta el escrutinio final, y que pueden explicar las irregularidades ya detectadas.  Esa opacidad se ve ahora fortalecida por dos circunstancias imprevistas, pero con repercusiones susceptibles de impactar el proceso electoral.

La presencia en el país de Rodríguez Zapatero, expresidente español, embajador oficioso de Maduro, con retribución económica conocida y con vínculos políticos y solidaridades ideológicas con Petro, genera preocupación por su ascendiente sobre dos altos funcionarios de INDRA, creadora del software que contabilizará los votos y que probablemente no será auditado con la minucia requerida, si es que el tiempo permite su examen.

Por otra parte, sus preocupaciones electorales indujeron al presidente Joe Biden a un inesperado cambio en sus relaciones con Cuba y Venezuela, con efectos imprevistos sobre las elecciones en Colombia. El saltar intempestivamente de la férrea defensa de la democracia a un acomodamiento con regímenes totalitarios, nos recuerda que los estados se mueven de acuerdo con sus intereses, y se origina en la eventualidad de perder mayorías en el Congreso y en la amenaza de boicot de la Cumbre de las Américas propiciado por el presidente mejicano.

El reversar sanciones a las dictaduras cubana y venezolana en momentos de mayor represión y más intensa violación de los DDHH, tiene alcances insospechados en el hemisferio, que no solo aportan alivio a los sátrapas de La Habana y Caracas, sino que estimularían pasar de la condena al acomodamiento que propicia el apaciguamiento. Su primera consecuencia se percibe en el mutismo actual de los Estados Unidos sobre la alerta formulada por ellos consistente en la posibilidad de ataque cibernético desde Venezuela, ejecutado por Rusia.

La suspensión urgente era la del registrador. Hoy, voceros de Petro y el Mininterior la descartan. ¿Quién peca de ingenuo?