El encuentro de los sobrevivientes del secuestro con las Farc mostró asuntos que el país no puede seguir ignorando. El exguerrillero y hoy senador Lozada expresó que pueden pedir perdón, pero que en algún momento este surgirá de manera que no sean solo palabras huecas. Sus palabras evidencian que no sienten que nada de lo que hicieron fuera fundamentalmente malo. Lo dicho denota una incomprensión sobre lo que significó para Colombia su actuar terrorista. Tendrá que ver con que como personas tendemos a justificar nuestras conductas para poder vivir con nosotros mismos. Si es difícil reconocer los errores y debe serlo aún más cuando se trata de atrocidades.

Tiene que ver, sobre todo, con que las Farc que tienen la idea -como muchos colombianos- de que hay violencias buenas. La concreción nefasta es que nuestra Constitución reconoce el delito político. Ninguna violencia debería tener justificación. Esa es la esencia del Estado, se renuncia a la violencia; y el Estado tiene el monopolio de la fuerza legítima.

Es imperioso atender a las preguntas del conmovedor relato de Roberto Lacouture: “…esta organización de las Farc que tuvo tanta plata del narcotráfico, tantos recursos que pagaron para mantenernos lejos de nuestras familias por siete años, ¿esos recursos dónde están? ¿Por qué no vemos el botín de guerra de las Farc para que ese botín sea el que la justicia tenga para reparar a las víctimas?

El narcotráfico dio a las Farc más de 7 billones de pesos. El secuestro le arrebató a los colombianos, según los informes de Fiscalía, $3.625.608.297.250 y las Farc no los entregaron. Según la Fiscalía, las Farc tenían $22 billones. El acuerdo les permitió auto declarar sus bienes. Declararon un poco menos de un billón -21 billones por debajo de lo esperado. Y de ese corto billón sólo entregaron 33 mil millones monetizables, el 6,1% de lo declarado.

Alguna exigencia se les hizo en este Gobierno después de que la senadora María del Rosario Guerra y yo hiciéramos el debate para mostrar estos resultados. Poco o nada se avanzó, explicaron que las disidencias se habían llevado una tajada. Lo cierto, además, es que el gobierno Santos firmó un decreto que permitió que el destino de estos recursos fueran las propias Farc, de manera que aun si pagaran, las víctimas jamás los verían. Entonces lo denunciamos como un lavado de activos. El gobierno Santos se comprometió a que seríamos todos los colombianos los que pagaríamos la reparación de las víctimas que las Farc causaron solas.  

El segundo asunto es que nos dijeron que las Farc contribuirían con la verdad. No lo hicieron y no lo harán. Sólo ha habido reconocimientos generales y colectivos. No todos los máximos responsables fueron llamados. Y los reconocimientos individuales no siguieron el propósito planteado. Los integrantes están esperando a que los imputen -con lo que se presente en los informes ante la JEP y los casos de Fiscalía- y se limitaran a reconocer eso. El proceso debió ser al contrario. Deberían ir y confesar todo. Luego esa confesión se debería contrastar con la información de Fiscalía. Las víctimas, conociendo lo aportado, deberían entonces presentar sus informes y poder requerir más información o exigir la expulsión del sistema de los integrantes que no otorgaran verdad completa.

El encuentro muestra las grandes fallas del acuerdo de La Habana. Hubo con el NO ocasión de arreglarlo, pero pudo más la vanidad, el Nobel y el sectarismo. Ahí están los resultados. Criminales de lesa humanidad sin votos en el Congreso, sin verdad, sin reparación y en total y vergonzosa impunidad.