Gobernar nunca ha sido tarea fácil, mucho más cuando se cumple en periodos en los que las sociedades se ven confrontadas a la inminencia de cambios que los pueblos reclaman para avizorar mejores horizontes que permitan la satisfacción de sus legítimas expectativas. Ese parece ser el reto que confrontan todos los gobiernos en el agitado periodo de la historia que nos ha correspondido vivir.
A los colombianos las exigencias del presente nos sorprenden con un timonel al mando que aún permanece anclado en credos ideológicos que hicieron crisis en la octava década del siglo pasado, hoy percibidos como quimeras para sortear las realidades y las incógnitas que afrontamos. Ello explica no solamente sus desaciertos, sino también sus fracasos, que siembran cada día más inquietudes sobre su capacidad de guiar a la nación por senderos inexplorados que difícilmente se acoplan con las certidumbres de un pasado agotado en sus premisas y concepciones.
En los 21 meses de su gestión todos los indicadores le son adversos, sin quebrantar el espíritu del gobernante que aún insiste en sus desvaríos fundado en un supuesto mandato intangible surgido de una mínima mayoría electoral en el 2022, además contrastada por los resultados de las elecciones del 2023. Ello explica el creciente cúmulo de insatisfacción ciudadana ante la terca reiteración de fórmulas erradas que se han visto acompañadas de escándalos como el haber infringido los límites del gasto en su campaña a la presidencia, y de corrupción desbordada en la Ungrd que involucraría a ministros y congresistas afines al gobierno, que minan aún más la credibilidad del gobernante y de su gestión.
Anticiparse a desconocer los resultados de las investigaciones que se adelantan constituye una ruptura constitucional que pretende convertir en insurrección popular con la realización de asambleas populares, a manera de poder constituyente, que le permitiría atornillarse en el poder. Al supuesto golpe blando que atribuye a la oposición, le opone el golpe de estado desde las alturas del poder, que describe sin ambages: “Yo seguiré hasta donde el pueblo diga. Si el pueblo dice más adelante, más adelante iré, sin ningún temor, sin ningún miedo. Iremos hacia donde el pueblo colombiano ordene. El presidente solo tiene un comandante al frente y ese comandante se llama el pueblo de Colombia”. Apología de un delito contra el orden constitucional para suplantarlo por uno constituido a su antojo “por asambleas populares en todos los pueblos de Colombia.”
Nadie debe confiarse en el adagio de que del dicho al hecho hay mucho trecho. Una situación de estos alcances y naturaleza despierta interés en el Eln, el Emc y la Nueva Marquetalia, hoy empoderados, que no escatimarán la posibilidad de una participación en el nuevo régimen. Al fin y al cabo, se consideran hermanados con el actual gobierno en las metas que se propusieron con la subversión y en la destrucción del actual andamiaje institucional.
Confrontamos la mayor amenaza reciente contra el orden constitucional y el régimen democrático que debe ser confrontada por el Congreso, las Cortes, los Órganos de Control y los partidos políticos que tienen en sus manos el destino de nuestra democracia, defendiéndola en sus cimientos y perfeccionándola en sus contenidos, tareas que exigen nuestro permanente respaldo. El cambio requiere más y no menos democracia.