El aviso siniestro, que le da titular a esta columna, estaba sobre la puerta de entrada al salón en penumbra. Llegó enfundado en una chaqueta negra y apartaba el humo de los ojos mientras se sentaba en la mesa señalada de los sicarios. Después de un largo rato remató el acuerdo: “ya saben, al que mate tres le doy diez mil dólares “.

Parece una escena de los Perros de la Guerra, la novela de Frederick Forsyth (1974). Pero no, bien pudo ocurrir en Cali, Medellín, Bogotá, El Tarra o en Sampués. Colombia toda esta bajo la amenaza terrible del “Plan Pistola”. Todo policía que cae es un pedazo de muestra democracia que se desgaja. El objetivo criminal inmediato son los policías y soldados, pero el objetivo principal de los delincuentes es socavar las instituciones. Quieren someterse a ellas para luego tomárselas.

No es ningún secreto que las economías ilícitas han determinado mucho de la política en América Latina, especialmente en los países andinos. En Bolivia, por ejemplo, “las organizaciones cocaleras se amparan en los espacios proporcionados por la democracia para organizarse y defender legalmente sus intereses” ¿Ha ocurrido lo mismo en Colombia?

En todo caso, aquí no basta hacer la petición pública al Clan del Golfo para que dejen de matar policías. Tienen que ser obligados a parar las muertes. Y la justicia es la que debe actuar contra los especialistas en apretar el gatillo para asesinar al policía que cuida al ciudadano. Los que se alquilan para matar no deben sentarse en la mesa de diálogo de la Paz Total. El “Plan Pistola" es un delito de lesa civilización.

El Estado tiene que rodear a la sacrificada y heroica policía Nacional. ¡Es mucho lo que le debemos los hombres libres de la patria colombiana!

En ese orden de ideas, es preciso anotar que a la debilidad del Estado se suma la cultura tolerante con las actividades ilícitas, todo lo cual ha impedido la construcción de instituciones democráticas fuertes, especialmente en la rama judicial, cuya reforma es tan urgente como necesaria. A esta guerra desperdigada no ha sabido responderle la justicia de mil cabezas que nos dejó la Constitución de 91.

Al gobierno Petro, que mañana asume, le corresponde evaluar si los grupos homicidas tienen posibilidad distinta al sometimiento, La necesidad de explorar nuevos caminos en la larga y estéril lucha contra el narcotráfico no puede conducir a la renuncia de las obligaciones estatales. Hay que salir del falso dilema según el cual el problema es el glifosato y no la coca, como sostiene la izquierda, o que el glifosato es la solución, como afirma la derecha.

Es bastante obvio que los dineros ilícitos han convertido el narcotráfico en un delito súper desarrollado y prácticamente imbatible. Las mafias de todas las latitudes se pelean por lograr un espacio en Colombia.

Por eso, conviene tener presente que en las negociaciones con tales grupos los ofrecimientos tempranos no pesan en la mesa. Se dan por obtenidos. Los grupos violentos, de todas las calañas, no se entienden con el estadista noble ni con el generoso. Se entienden con el duro. Es la realidad de nuestra historia ¡Remember M19!