LA convocatoria a la consulta popular, denominada anticorrupción, tendrá lugar en medio de una profunda desinformación sobre el contenido y alcances de las preguntas sometidas a la consideración de los ciudadanos. La desvergonzada corrupción que ha invadido muchas de las esferas de la vida nacional, al punto de parecer la expresión de una cultura de la ilegalidad, emergente y amenazante, merece ser combatida con instrumentos idóneos y eficaces para lograr su erradicación.

La lectura de las siete preguntas formuladas en la consulta carecen de esos alcances y, por el contrario, semejan más unas herramientas de proselitismo político que un conjunto de medidas pertinentes a los fines que se persiguen. Adquiere ese cuestionario cierto carácter demagógico que puede redundar en una fuerte frustración ciudadana en el propósito de conjurar y eliminar el cáncer que corroe muchas de las actividades públicas y privadas. 

La mayoría de los colombianos ignora que el resultado de la consulta puede resultar inane, no solamente porque muchas de sus disposiciones ya se encuentran en la ley, sino también porque las que no lo hacen carecen de fuerza jurídica, unas porque violan preceptos constitucionales-las preguntas 1 y 7-, otras porque requieren la aprobación del Congreso, y las que ya se hallan incorporadas al ordenamiento jurídico no han arrojado resultados significativos contra la corrupción. Todas pueden ser objeto de mejoramiento en leyes y asì contarían con fuerza obligatoria sin tener que comprometer ingentes recursos que la nación requiere para otros temas prioritarios para el interés nacional.

Los autores de la consulta aducen que la vía legislativa es improcedente porque en ella se ha fracasado dos veces. Y así ocurrió porque el gobernante saliente, tan embadurnado de mermelada, prohijó y legalizó los cupos indicativos para asegurar su gobernabilidad. El mandato del presidente Duque es el de transformar y modernizar el país y ello comporta el derrotar y extirpar la corrupción de la vida nacional. Y así lo empezó a acometer con la presentación de los primeros proyectos de ley.

Hay tres preguntas que revelan el objetivo político de sus autores. La primera implica una disminución general de los salarios del sector público y obedece a la concepción de la igualdad de la izquierda -todos unidos en la pobreza- que practica desde el poder cada vez que accede a él. La cuarta, porque pretende apropiarse o paralizar la inversión de la nación y de las entidades territoriales si no se hacen conforme a su querer. Y la séptima, porque no entiende que en vez de sustituir a la clase política le ofrece la mejor herramienta de su perpetuación como lo demuestra el poder de los clanes familiares en la política nacional.

Mefistofélica oferta es la que se le hace al ciudadano colombiano.