El 3 febrero fue secuestrada la empresa Emerald en el Caquetá. Unos días después, la viceministra de diálogo social, Lilia Solano, afirmó en San Vicente del Caguán que “la vía estaba desbloqueada y que no había ningún tipo extorsión o secuestro”. Era mentira. La comunidad informaba de 44 tractomulas secuestradas y personas “ajenas” a la comunidad exigiendo un millón de dólares a la empresa. El 2 de marzo supuestos “campesinos” habrían asesinado a un miembro del Esmad y secuestrado a más de 70 en San Vicente. Ni el ministro ni los refuerzos de la Fuerza Pública llegaron a tiempo. El ministro alega que no es un secuestro sino un cerco humanitario.

El 10 de febrero la Ministra de Salud, el Ministro del Interior y el Presidente Petro se reunieron con representantes de las EPS para dialogar sobre la reforma a la salud. El ministro concluyó que no iban a eliminar las EPS ni a ponerles término de subsistencia. El 13 de febrero el gobierno radicó un proyecto radical de reforma a la salud acabando las EPS.

En agosto de 2022 Viva Air le pidió una decisión a la Aerocivil sobre su posible integración con Avianca. La negaron, la decisión fue apelada y pasaron seis meses, y el Gobierno no tomó una decisión. La aerolínea tuvo que suspender operaciones: perdió la mitad de su flota y su flujo de caja solo alcanzó para pagar sus colaboradores. Para la contingencia, el Gobierno Nacional, no dialogó tampoco.

En septiembre de 2022, la ministra de Minas, la Creg y empresas del sector eléctrico llegaron a un acuerdo para la reducción de tarifas de energía. Para noviembre el presidente ya preparaba el decreto para tomar las funciones de dicha Comisión y elegir desde presidencia las tarifas de los servicios públicos. El acuerdo era para aparentar que el gobierno tiene en cuenta todas las posiciones. Para fortuna de los colombianos el decreto se cayó, porque la tentación del populismo con las tarifas de servicios públicos podría haber terminado quebrando empresas y dejándonos sin servicios públicos.

El 30 de enero se filtró un borrador de proyecto de ley para bloquear aplicaciones de movilidad como Uber. El gobierno habló con las agremiaciones y decidió retractarse del proyecto. El pasado 1 de marzo el ministerio emitió una circular para que la policía emita sanciones a quienes presten servicio en carros particulares. Otra vez los 100 mil conductores quedaron en jaque.

El gobierno oye, pero no escucha. Se sienta con los sectores, y al final hace lo que quiere. Es un monólogo. Y esto es evidente dentro del mismo gobierno. La exviceministra de Minas, Belizza Ruiz, presentó inquietudes sobre el informe “Balance de contratos de hidrocarburos y contratos disponibles”. Le hicieron caso omiso y publicaron el informe. La exviceministra de pensiones, Flor Esther Salazar, afirmó poca compatibilidad con MinTrabajo, y renunció al cargo. El ministro de Salud presentó dudas sobre la reforma a la salud, y el Presidente le pidió la renuncia. Se sospecha que la exministra de Cultura salió del cargo porque no estuvo de acuerdo con el viceministro Ignacio Zorro y la primera dama sobre aplicar un sistema de orquestas como el venezolano en Colombia.

La ministra de Trabajo quien estructura la reforma laboral afirma que busca “llegar al mejor acuerdo posible” con empresarios y trabajadores. Sin embargo, con el borrador filtrado no hay ningún sector que considere que es un texto concertado. Otra vez, sentaron las partes, posaron para la foto, pero no escucharon. Impondrán la reforma que quieren.