Todo indica que este 2017 transcurrirá en medio de la incertidumbre, el desasosiego y la incredulidad ciudadana, a un paso de convertirse en rabia empoderada contra sus dirigentes. Se percibió, en estos últimos días del año, una creciente expresión de descontento que aumentará ante la improvisación y arrogancia que caracteriza al Gobierno y a sus áulicos en los partidos, medios de comunicación y Cortes, hermanados en su condescendencia y sumisión a los dictados del poder ejecutivo.

El desconocimiento de la voluntad popular expresada en el plebiscito se verá prontamente acompañada de la incapacidad gubernamental de implementar las  concesiones hechas a las Farc. Los desmanes que se observan en los sitios de preagrupación de las unidades farianas, que se traducen en intimidaciones y delitos contra la población civil, constituyen los primeros indicios de las dificultades que se presentarán en el cumplimiento de las capitulaciones acordadas en el gravoso acuerdo de paz. Y la arrogancia con la que las Farc prohíben al gobernador de Antioquia ejercer sus legítimos deberes en su jurisdicción, es premonitoria de su conducta a lo largo de la implementación de las licencias que les fueron acordadas, seguramente avalada por el complaciente mecanismo de monitoreo y verificación que hasta hoy tiene semblante fantasmal. 

Todo ello en el escenario delirante de la aprobación del “fast track” que dará lugar a una orgía legislativa sin respaldo presupuestal y legal, como lo advierte Human Rigths Watch respecto de la ley de amnistía que cobija a los responsables del delito de reclutamiento de menores, crimen internacional castigado en reiteradas sentencias de la Corte Penal Internacional. No extraña que aún el representante de Naciones Unidas, Tom Howland, afirme que “no se pueden cambiar las obligaciones internacionales” y advierta que los planes del Gobierno carecen “de plata y de autorizaciones para comenzar”. 

El Gobierno no parece advertir el alistamiento ciudadano contra las instituciones y los partidos que amparan la indolencia, cohonestan la ineficiencia de los servicios de salud, justicia, seguridad y convivencia ciudadana y nada hacen contra la corrupción, el delito y la descomposición social que afectan por igual a todos los estamentos sociales, socavando así la legitimidad de las autoridades y de las instituciones. 

Por el contrario, bajo el pretexto del cumplimiento de una paz precaria y esquiva pretenden instaurar un régimen de transición con las Farc, que por su naturaleza tiene vocación de perpetuidad. Y para hacerla sostenible, llevan a la sumisa aprobación del Congreso una catarata de impuestos para financiar el derroche que asegure su unidad. Es la mayor agresión contra la democracia y sus libertades.