"Las causas del conflicto". Con esta frase inician todos aquellos que quieren atribuirle valor político a la oleada criminal de las Farc, y de otros grupos ilegales. Se supone que los problemas estructurales y propios del subdesarrollo son justificación para los horribles asesinatos, secuestros, reclutamientos... Siempre me he apartado de esta visión. Las causas de la violencia en Colombia están ligadas a dos factores: los negocios ilegales y la frontera agrícola. 

Colombia tiene la peculiar situación de tener una frontera interna; el límite del territorio dominado y la selva que se inicia. En esta zona la supervivencia se hace difícil por la baja oferta de servicios estatales y la vida al borde de la legalidad. Es un área de especial asiento para actividades ilegales: en especial los cultivos ilícitos y la minería ilegal.

Teniendo como imperativo la preservación de las selvas deberíamos tener una política de reubicación de las poblaciones asentadas ahí hacia áreas con presencia estatal. Sin embargo, el acuerdo de La Habana apuntó a justamente lo contrario: abrir las vías y buscar el desarrollo y terminar así de derruir el gran patrimonio ambiental. Los ejemplos de las vías en sectores ambientalmente sensibles como Vichada, Vaupés y el nudo del Paramillo, entre otros.

La desatención del Gobierno a esta realidad lo condujo a descuidar al problema de los cultivos ilícitos y la minería ilegal. El costo será una nueva era de violencia. Los cultivos ilegales y las explotaciones mineras se dispararon, quintuplicado los cultivos de coca y no hay una cifra cierta para la proliferación minera. 

El estudio de Mejía y Restrepo que se enfoca en los cultivos ilícitos de 1994 a 2008 muestra que el aumento de 10% en el valor de los cultivos de coca trae un aumento de 1,25% en los homicidios, 3% el desplazamiento forzado, 2% los ataques de grupos ilegales. Es decir, hay una correlación entre los cultivos ilícitos y la violencia. No conozco un estudio sobre el tema, pero seguramente existirá donde se muestre la misma correlación entre la minería ilegal y la violencia.

La pregunta que ojalá la academia colombiana enfrente es si la disminución de la violencia que se ha visto en estos años de debe al proceso de La Habana o se debe, más bien, a que el Gobierno desistió en la lucha contra el narcotráfico y la minería ilegal. Mi hipótesis es que la falta de combate a los negocios ilegales disminuyó el estrés que genera violencia en los municipios cultivadores. 

Lo cierto es que el aumento desmesurado de los cultivos ilícitos que se permitió en nombre de la paz será un factor de muchas dificultades. En términos de las relaciones con los EE.UU. surge la pregunta sobre por qué somos otra vez el primer productor de cocaína del mundo. Además aparecen cuestiones fundamentales sobre la violencia, como lo hemos dicho, pero sobretodo con las relaciones con las comunidades.

Hoy las Farc posan como las que defienden a los cultivadores, a quienes les dan alternativas y solucionan un problema que no tendrá fácil desenlace. El Gobierno perdió el control del territorio y cedió el control de las soluciones sociales. Antes las Farc no representaban a nadie. Hoy corremos riesgo en la confrontación entre el Estado que pretende acabar la ilegalidad y las Farc que la defienden.