Escribo esta columna dos días antes de las elecciones del 11 de marzo. El escenario electoral marcado por la incertidumbre no permite fungir de aurúspice sobre sus resultados. Se esparce una incógnita sobre la participación ciudadana en un ambiente, ya no de desencanto, sino de repulsión a las prácticas políticas y a las conductas oprobiosas de muchos de los servidores de los tres poderes del Estado. La desaprobación dio paso a la indignación y afectará a los partidos políticos que han perdido representación y poder de convocatoria. A ello se suma la pobreza conceptual e ideológica que acompaña a la mayoría de aspirantes al Congreso, que resulta natural en el ejercicio de una actividad hoy cooptada por la supremacía de clanes familiares que transitan al ritmo y en la dirección que exigen sus intereses particulares. Prevalece así una indescifrable incógnita sobre el volumen de participación del ciudadano y sobre el sentido de sus preferencias en la elección de los congresistas, a pesar del impacto que tendrá sobre la contienda por la presidencia.
No ocurre lo mismo en relación con la campaña presidencial. El país se ha polarizado entre quienes apuestan a un cambio drástico del sistema político y quienes son conscientes de las inaplazables medidas que exige la recomposición del sistema democrático en crisis. La contienda será sobre el modelo de sociedad que habrá de prevalecer y sus consecuencias comienzan a aflorar en el contexto de la lucha política. La primera de ellas, ha sido el debilitamiento de las opciones de candidatos que hace tres meses parecían viables y bien posicionados en las encuestas. Hoy peregrinan hacia la insignificancia porque las preferencias se concentraron alrededor de dos polos radicalmente opuestos en todas sus concepciones y políticas.
Petro se erige como el adalid del antisistema y atrae a todas las agrupaciones que no han compartido los valores de la democracia. Su meta es la sustitución del régimen por otro que se asemeje a la concepción de la sociedad que difunde el socialismo del siglo XXI. El centro derecha propugna por la reforma urgente de un ordenamiento que tiene que recuperar legitimidad y apoyo. La urgencia no permite ni dilaciones ni fracasos. La mayoría parlamentaria que seguramente emergerá del 11 de marzo le será favorable y tendrá que abocar y aprobar la reforma estructural que reclaman los colombianos. De no hacerlo, o de no lograrlo, por las ataduras que desencadenaron la crisis, se someterá al país a un caos del que difícilmente se repondrá sin perder las libertades de la democracia. La lucha será sin cuartel y ojalá sin violencia. Si se tiñe de sangre nos habremos condenado a la postración de los pueblos sin destino.