“Los criminales aspiran a lo mismo que recibieron las Farc”

Es difícil saber si la ola de violencia que parece estarse desatando en el país viene de las Farc (sus disidentes) o si se trata de nuevos sujetos en bandas emergentes que ahora son dueñas de los lucrativos negocios que permitieron a las Farc ser una amenaza a la seguridad nacional. Lo cierto es que la promesa de la paz se aleja. Sin importar el nombre, la violencia sigue.

Todo esto era previsible, o por lo menos era claro para quienes nos oponíamos a la impunidad y premio que otorgaron los acuerdos de La Habana a los criminales. Lo que hemos sostenido es que ese mal ejemplo incentiva nuevas cadenas de violencia, pues los criminales aspiran a lo mismo que recibieron las Farc o incluso a más. Se vuelve un ciclo. 

No haber pactado de manera clara la entrega de las rutas, socios y toda la información relacionada con el narcotráfico y la minería ilegal fue el error más absurdo. Es ese dinero y no la política la causa de la violencia en Colombia. Se hicieron los de la vista gorda en el asunto para poder permitirle a las Farc decir -como ahora lo sostienen- que no son narcotraficantes, cuando han sido uno de los carteles de drogas más poderosos del mundo.

En Colombia la violencia no es política, es producto de los miles de millones de pesos que mueve la ilegalidad. Narcotráfico (hoy llegando a las 200 mil hectáreas), minería ilegal (superando con creces la minería legal del país; se calcula que 70-80% de la minería es ilegal), extorsión (alcanzando los niveles más altos de nuestra historia)...

El ‘plan pistola’ contra los policías ordenado por el Clan del Golfo y por el Eln es exactamente el mismo y con las mismas consecuencias. El Gobierno en su ceguera pretende decir que uno es menos malo que el otro, pues tiene móviles políticos. El caso muestra con contundencia que este no es el camino. Es triste pensar que los asesinatos y hostigamientos del Eln ya ni siquiera tienen la amenaza de ser castigados por cárcel, pues para ellos habrá impunidad. Será cuestión de tiempo que las otras bandas crimínales aleguen motivaciones políticas para poder optar también por negociaciones e impunidad.

Ahora tenemos criminales posando de estadistas, defendiendo los cultivos ilícitos para generar rompimientos entre el Estado y los campesinos. Tenemos nuevas violencias que nos recuerdan los tenebrosos años 90, donde después de la Constitución del 91 y esa negociación de paz, vinieron los años más cruentos de nuestra historia reciente. Quedamos, sin lugar a dudas, peor que antes. Ahora el Ejército y la Policía están desmotivados. Los campesinos de los cultivos ilícitos encuentran su defensa en las Farc, frente a un Estado quebrado que no podrá cumplir promesas desde siempre imposibles. La minería ilegal ha avanzado tanto que ya elige a los alcaldes locales y financia políticos a nivel nacional. La extorsión y el microtráfico son el nuevo negocio de los jóvenes colombianos, a quienes será difícil convencer de que el camino de la legalidad es mejor. La fórmula para la paz, la única posible, es la acción estatal para hacer la justicia y determinar los incentivos correctos en la sociedad. Ayudar y proteger al débil y sancionar al delincuente.