“Congreso puede modificar sistema del acuerdo de paz”

Desde 1988 las misiones de la OEA han superado en seriedad y confiabilidad a las de Naciones Unidas gracias a una mayor comprensión de la idiosincrasia de los pueblos concernidos y a una menor presencia de personas afectas al mamertismo que suele caracterizar a las misiones de la ONU. Por ello el informe que acaba de expedir la Misión de la MAPP-OEA merece la atención porque además revela las deficiencias que afectan la implementación del acuerdo de paz, que responden a la ineptitud del gobierno y al desinterés de la Farc por cumplir sus compromisos

La incapacidad gubernamental de hacer presencia institucional en todo el territorio nacional ha permitido el establecimiento del Eln en las zonas que fueron de dominio de las Farc, creando un escenario en el que “los cambios en el control se están dando en calma y con procesos que parecen articulados entre Farc y Eln, como se percibe en el Catatumbo y en el Bajo Cauca”. Esa expansión del Eln no molesta a las disidencias de la Farc que diariamente se fortalecen con el creciente flujo de deserciones de los desmovilizados farianos.

Por otra parte, las bacrim también han capitalizado el desmonte de las Farc y la ausencia de la Fuerza Pública, estableciendo con el Eln relaciones de enfrentamiento o de colaboración, de acuerdo con las necesidades y posibilidades de explotación de las rentas ilícitas provenientes del narcotráfico y la minería ilegal. Todo ello ha incrementado la extorsión, el reclutamiento forzado, el control de vías terrestres y fluviales y la violencia sexual que siempre acompañan la acción de las organizaciones criminales. La respuesta del Gobierno no pasa de anunciar movilizaciones de efectivos de la Fuerza Pública que nunca se concretan, o de proponer legislación para despenalizar la siembra de coca que redunda en el fortalecimiento de narcotraficantes de todo pelambre.

La displicente actitud de la Farc siembra legitimas dudas sobre el cumplimiento de sus obligaciones y despierta temores sobre la posible insistencia en una estrategia que combine el ejercicio de la política con la conservación de un brazo armado y la financiación de dineros ilícitos. Una combinación letal para el régimen democrático que verá extinguirse los elementos que le son sustanciales y facilitará el tránsito al socialismo del siglo 21. La reciente directiva del Ministerio de Defensa, permitiendo reanudar bombardeos en aplicación del DIH, marca el punto de inflexión de una paz malograda y revive la amenaza de un conflicto con múltiples actores ilegales articulados entre sí, y con otro parapetado en una legalidad que instrumentará para el cumplimiento de sus objetivos estratégicos.

El Congreso tiene todavía la oportunidad de modificar el sistema que se pretende instaurar con el acuerdo de paz. Nunca es tarde para bien hacer.