Las multitudes de ciudadanos que se expresaron en las marchas del 21 de abril constituyen la manifestación más genuina de la insatisfacción de los colombianos con la política tal como la ejercen desde el Palacio de Nariño y en los numerosos partidos políticos que han terminado por representar solamente los intereses de sus directores y de sus representantes en las corporaciones de elección popular. Rechazaron a la vez la ineptitud del gobierno y la decadencia de los partidos que, por gracia de la financiación del estado, la “mermelada” dispensada por los gobiernos y la expedición de avales, han convertido su desempeño en un negocio lucrativo que se ejerce hoy con impudicia en el Congreso, las Asambleas departamentales y los Concejos municipales.

No extraña entonces que la respuesta a la movilización ciudadana haya sido la tramitación del proyecto de ley de transfuguismo con el que pretenden reducir la representación política y las obligaciones que de ella se desprenden al favorecimiento de sus inconfesables intereses. No en vano el respaldo al transfuguismo convoca a representantes de casi todos los partidos políticos, los tradicionales como los nuevos, usufructuarios de la propensión a facilitar la participación en semejante botín de todas las nuevas colectividades que han obtenido graciosamente personería para ser partícipes de la piñata que se vislumbra. Pretenden justificar el transfuguismo en la diversidad de opiniones en el seno de los partidos, como si ellas no fueran propias de la naturaleza del debate democrático que encuentra en los propios estatutos de los partidos los mecanismos de resolución de conformidad con las mayorías prevalecientes en cada discusión.

El proyecto auspiciado por el gobierno e impulsado por su bancada procura despojar a los partidos y organizaciones políticas de las curules para endosárselas a los particulares sin importar el conflicto de intereses en la que incurrirían los congresistas al aprobarlas y favorecerse a si mismos. La intención del gobierno es propender por la unificación de las fuerzas que integran el pacto histórico y atraer congresista de otras bancadas con miras a las elecciones del 2026.   

El propósito que subyace es el de fortalecer la posibilidad de un un partido único de Gobierno que estaría compuesto por todos los que integran el Pacto Histórico y por quienes cedan a los gajes ofrecidos y dispensados por el dueño del poder ejecutivo. Al tiempo que el presidente estimula la polarización, sus ministros procuran acuerdos para revivir la reforma a la salud y facilitar la aprobación de sus otras iniciativas, todas dirigidas al imperio de la estatización que hoy padecen en otros países que capitularon mansamente ante las dictaduras que los aquejan. Parece ser la actitud de los liberales, víctimas impávidas del conejo presidencial sobre el umbral para cotizar en Colpensiones que pasará del 2.3 al 4% en el texto final que aprobará la Cámara. Triste papel de los partidos atragantados de beneficios que entregan su dignidad y sus idearios al sátrapa en ciernes.

Las marchas del 21 de abril entronizaron un nuevo instrumento de participación en la política que producirá alcances insospechados en la democracia colombiana. Expresan mandatos para la contención de dictaduras, la degradación de la política y el advenimiento de una mayor participación ciudadana que pongan fin al deterioro que confronta nuestra democracia.