En Colombia estamos en mora de adelantar un debate serio e informado sobre la principal amenaza que se cierne sobre la vida en el planeta y que aún no constituye la prioridad ni de los ciudadanos, ni de los gobiernos, a pesar de los rasgos apocalípticos que se acrecientan con la prevalencia de una irracional despreocupación sobre sus descomunales efectos.

Los objetivos acordados para combatir el cambio climático y sus efectos en el Acuerdo de París del 2015, no han sido cumplidos satisfactoriamente por sus signatarios, pero si utilizados como banderas electorales que los despojan de la seriedad, urgencia y capacidad de convocatoria que requieren para garantizarnos la supervivencia en la “casa común”. Ni siquiera la caída en la disminución de la emisión de gases de efecto invernadero durante el 2020, por efecto de la pandemia, ha logrado que la recuperación se adelante con nuevos conceptos e instrumentos para construir un cuerpo de políticas limpio, verde, seguro, que permita un cambio profundo y sistémico que sea sostenible y asegure la conservación y protección de la naturaleza y de la vida humana.

Entre nosotros, y con miras a las elecciones del 2022, se ha caído en vulgar caricatura con la que los sectores autodenominados alternativos, que gustan vestirse de verdes, suponen que la transición del petróleo y el carbón a fuentes de energía limpias se consigue a corto plazo con el aumento de la producción y exportación del aguacate. Reina la irresponsabilidad en un tema que hoy angustia a las nuevas generaciones, que encarna una amenaza actual, precisa y descomunal para la continuidad y supervivencia del género humano en la Tierra, que se ha multiplicado en los últimos años en todos los confines con desastres y destrucciones que no dejan dudas sobre lo que nos espera, si no reaccionamos a tiempo y apropiadamente. Hemos abandonado el manejo del tema en manos del populismo progresista, que lo articula y manipula a su antojo para acceder al poder, sin que nos percatemos que recibirá el mismo inocuo y falaz tratamiento que han dado sus gobiernos a los derechos humanos, bajo la égida de la hipotética igualdad, con la que han violentado la libertad, la democracia y el bienestar de los pueblos.

Conservar y proteger la naturaleza y la vida no son conceptos ni postulados revolucionarios, sino premisas, acciones y políticas que salvaguarden los equilibrios indispensables a nuestra supervivencia, y consagradas en la Constitución. Si las soluciones de Petro llegasen a materializarse, podrían replicarse emulando el insólito tratamiento de las basuras que sumió a Bogotá en una crisis sanitaria sin precedentes, que hoy cobraría unos costos imposibles de satisfacer.

En Colombia contamos con capital humano y científico, con una política de Transición Energética con legislación propia, con una expansión importante de energías renovables, con capacidades para detener la deforestación y garantizar la protección del Amazonas, que no pueden feriarse para satisfacer un populismo enfermizo de quien cree jugarse en el 2022 su última oportunidad de satisfacer su patológica ambición de poder.