La paz total del gobierno Petro es el resultado de una irreal simplificación del inmenso problema de seguridad que atormenta al país. Por desidia del gobierno de entonces, el acuerdo con las Farc no se complementó con una política de control de los territorios que albergaron a los miembros de esa guerrilla, a pesar de la información de inteligencia que develaba la estrecha participación de todas las fuerzas insurgentes en las actividades ilícitas del narcotráfico y la minería ilegal. Ayer como hoy, se han desestimado las amenazas que supone ese explosivo combustible de la violencia en el país y sus efectos sobre el empoderamiento de todas las organizaciones criminales.

Con la paz total se persiste en ignorar que el incentivo criminal es ajeno a la naturaleza de la paz. De nada sirven las recompensas que se pretenden otorgar a los envejecidos capos con el proyecto de ley de sometimiento, porque los réditos deslumbran a líderes más jóvenes y más ávidos de riquezas, que se disputarán rutas, mercados y las rentas resultantes. Ello explica la profusión de las organizaciones criminales y la extensión de su control territorial sobre las comunidades allí asentadas, que hoy se ejerce sin oposición, pero con violenta determinación. El comisionado Rueda estima en más de 20.000 los efectivos de las principales organizaciones en armas: el Clan del Golfo, el Estado Mayor Central de “Iván Mordisco”, la Nueva Marquetalia y las Autodefensas Conquistadores de la Sierra, sin contabilizar estructuras como los Caparros, los Chotas, los Costeños y los Espartanos y un largo etc.

La mención del Comisionado Rueda de las obras que adelantan las organizaciones criminales en los territorios bajo su control, sugiere la intención de otorgarles un carácter que legitime su poder de facto y se sume a una nueva concepción de la seguridad nacional. Lo acontecido en San Vicente del Caguán y su caracterización como “cerco humanitario” por el ministro Prada, fue la primera expresión de una concepción que encontró posterior ejemplo en el acompañamiento de la guardia campesina en la manifestación presidida por “Mordisco en los Llanos del Yarí que revela la instrumentalización de esas estructuras por quienes aspiran adherirse a la paz total. No está lejana la promoción de esas guardias campesinas y estructuras similares como mecanismos de protección territorial, a título de contribución al fortalecimiento de la autonomía y autodeterminación de los pueblos, arrebato que en Chile determinó el entierro en referendo del proyecto de nueva constitución.

Una política de seguridad no puede fundarse en el espejismo de que los actores de la violencia tienen carácter político. ¿Qué sabe el Eln de democracia si sus referentes son la Cuba de los Castros y la Venezuela de Maduro? ¿Se puede acaso homologar como democracia el régimen que aplican las organizaciones criminales en territorios en los que actúan para protección de sus actividades ilícitas, y dispensan justicia condenando o perdonando al arbitrio de sus necesidades e intereses? Allí solo impera la ley del terror.

Colombia requiere una política de seguridad nacional que no encontrará en la etérea “seguridad humana”, ni en la incapacidad de los responsables de formularla.