Archivaron la investigación contra Oscar Iván Zuluaga por el caso del supuesto hacker. Es una excelente noticia para quienes siempre defendimos su inocencia, y una alerta para quienes pretendieron estigmatizar su campaña. El vídeo donde OIZ sale en un diálogo con el autodenominado hacker Sepúlveda se vendió a la opinión pública como la prueba irrefutable del vínculo delictivo. Desde el inicio insistí en que en el video no había nada ilegal. Denunciar los excesos del acuerdo de La Habana no era un crimen, como tampoco lo es hacer estrategias para responder a los golpes o anticiparse a ellos. En el video no hay ni un indicio de alguna actividad criminal o delictiva.

Digo que este archivo debería ser una alarma para muchos, pues devela la utilización de la Fiscalía General durante las elecciones presidenciales con un claro propósito político. Descubre que el ex fiscal tomó decisiones inspirado en las conveniencias más que en estricto rigor jurídico. Lo advertimos entonces y preocupa que la polarización del país le impida a muchos darse cuenta de que estamos perdiendo la legitimidad de nuestras instituciones convertidas hoy en trincheras políticas.

Es un momento que debiera convocar a la reflexión cuando ya el almirante Echandía ha reconocido que el hacker español Revert era fuente pagada de la DNI; aunque, dice que, para otros temas. El mismo almirante que llevó las supuestas pruebas a la Fiscalía para precipitar un allanamiento a la campaña Zuluaga y que generó el escándalo que cambio el curso de la carrera presidencial. ¿Qué dirá la magistrada Bermúdez que alega el engaño a los ciudadanos del No, ante este verdadero engaño a la opinión pública desde las propias instituciones públicas?

El mismo Almirante Echandía quien estuvo inmerso en el escandaloso montaje contra el Almirante Arango Bacci y que mereció que la Corte Suprema de Justicia compulsará copias que ordenaban investigarlo junto con a Juan Manuel Santos por estos hechos.

La persecución del gobierno Santos contra el uribismo es cada vez más evidente. Están, por ejemplo, los documentos de respuesta de derechos de petición a la Cancillería donde sostienen que no existe tratado de extradición entre EE.UU. y Colombia. Ahora, cuando se trata de extraditar a Andres Felipe Arias, la cancillería, el Ministro de Justicia y el propio Santos no tiene vergüenza al cambiar su postura y alegar su existencia. ¿Casualidad?

Después de tres años le devuelven la libertad a Luis Alfredo Ramos y sigue dilatándose en el tiempo su absolución. Algunos señalan que no tendrá decisión definitiva hasta tanto no pasen las elecciones.

A Fernando Londoño, víctima del último gran atentado planeado por las Farc, le quitan la seguridad de la policía para ganar recursos para otorgárselo a los cabecillas del terrorismo que atentaron contra él.

Creo que todo lo que está pasando -para no extendernos en otros casos- debería al menos llamar la atención de algunos sectores no Uribistas. La reflexión en torno a los contratos de la impunidad para los crímenes de las Farc y la rudeza contra las fuerzas políticas de oposición, sería útil para entender lo que hoy significa la polarización de país.