El gobierno ha anunciado la liberación de los miembros de primera línea que están presos en cárceles por las pruebas de su responsabilidad en los hechos violentos que se presentaron en el paro de 2021. No se trata de quienes protestaron, pues por protestar nadie puede, ni está preso. Se trata de la sanción a la violencia, la destrucción, los asesinatos que vivimos durante la protesta. 

Desde el paro, el entonces candidato Petro decía que los violentos eran delincuentes políticos, y desde entonces vengo insistiendo en que no lo son. El delito político en Colombia lo han ido degenerando hasta niveles donde pretenden que se valide toda la violencia cuando se enmarque en la lucha contra el gobierno, cualquier gobierno. La teoría admite la eventualidad del delito político como la medida extrema del ciudadano que se alza contra un gobierno tiránico, despótico, anti democrático. Colombia no ha tenido ese tipo de gobierno durante toda la existencia de las guerrillas. Aquí jamás se ha debido reconocer un delito político. Menos aún sobre las protestas contra el Presidente Duque, que podía no ser el gobierno del gusto de quienes protestaban, pero jamás una tiranía.  

Sin embargo, el presidente Petro va a liberar a los delincuentes detenidos de la primera línea. Pretende hacerlo usando la ley de orden público. Sea lo primero señalar que es abusivo, pues cuando se discutió la norma específicamente diseñada para ese propósito, la opinión pública, así como el congreso, rechazaron tajantemente la idea. Así que usarán normas que no eran ni podían tener ese propósito.

Pretenden usar la figura de gestores de paz que contiene la ley, donde se autoriza a levantar las órdenes de captura de delincuentes que faciliten las negociaciones con un grupo criminal. Ante esta situación solo hay dos lecturas. O el gobierno está abusando de la figura nombrando ciudadanos que nada tiene que ver con el Eln y, por tanto, cometiendo un prevaricato, o está reconociendo que estos detenidos pertenecían al Eln.

El hecho no es menor, pues el entonces candidato Petro negó infiltraciones guerrilleras y narcotraficantes en el paro. No es menor porque empieza a mostrar el compromiso político del presidente Petro con los causantes de la violencia del paro.

El paro nos dejó unas pérdidas por más de 6 billones de pesos. Ya existen los estudios que muestran que la mayor parte de la inflación en los precios de los alimentos en Colombia se explica por el paro. El paro generó miedo y confusión. Hoy nos damos cuenta, porque así lo reconocen, de que el paro -que buscaba desestabilizar el país y derrocar al entonces presidente Duque- era un arma política. 

Usan la violencia para llegar al poder y luego el poder para darle impunidad. Esta terrible fórmula fue proscrita por la propia Corte Constitucional que, en su jurisprudencia sobre delito político, estableció que sólo la lucha insurgente -esto es contra el gobierno y el Estado- puede ser tratada como delito político. 

Así las cosas, el día que Gustavo Petro se posesiona como presidente de Colombia, las guerrillas colombianas dejan de ser insurgentes y son grupos paramilitares. Y, por lo tanto, no son susceptibles de trato político.

No puede pretender la izquierda ahora usar el poder para conseguirle impunidad a sus propios aliados; sería una forma horrenda de decirnos que la violencia es válida como mecanismo político y otorgarle impunidad equivaldría a romper un principio democrático fundamental: la violencia no hace parte del quehacer político.