En los últimos 40 años el escenario electoral no se había visto marcado por la percepción generalizada de encontrarse el país en medio de una crisis insoluta de múltiples dimensiones. Al creciente rechazo ciudadano del acuerdo de paz se suman la corrupción que se expande por todos los sectores de la vida nacional y el colapso institucional que afecta a todos los poderes del Estado. Nos encontramos frente a una crisis generalizada que marchitó la confianza ciudadana en todos los órganos de la vida nacional y abrió un panorama de incertidumbre en la capacidad de resolverla y superarla.
El rosario de exageradas concesiones a la guerrilla se extiende a los pactos ocultos que afloran en las normas que buscan aprobarse en la implementación del acuerdo, que se pretenden inmodificables por los próximos 15 años y con las que el Gobierno sellaría su capitulación y las Farc consagrarían su victoria. Para asegurar el tránsito del cogobierno informal que hoy nos rige al gobierno de transición que se pretende instalar, en el 2018, un tribunal de inquisición, flanqueado de Fiscalía y procedimientos propios, sin sujeción a vigilancia y control alguno, para consumar la venganza que los vencidos dispensarán a los vencedores en el campo de batalla. No les será difícil, puesto que Gobierno, Congreso y Cortes dócilmente lo habrán consentido, asumiendo la narrativa del adversario, responsabilizando a gobernantes y ciudadanos del origen y desarrollo del conflicto y librando a los victimarios de penas y condenas proporcionales a la gravedad de sus crímenes, en contravía de la ley colombiana e internacional.
Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial son incapaces de reformarse. Dominados por el clientelismo y carcomidos por la corrupción, han perdido la legitimidad y la capacidad de emprender esa tarea. El derrumbe de la institucionalidad deja expósito al ciudadano pero no lo priva de su poder constituyente, en cuyo ejercicio radica la anhelada esperanza de salvación nacional. El debate político girará sobre la construcción de una nueva institucionalidad libre de las ataduras y vicios de la que agoniza, y exige de los candidatos claridad, profundidad y seriedad en sus propuestas.
Ya conocemos los alcances de la que pretende “venezonalizarnos”, que congregará a la izquierda, la Farc y los atolondrados y mermelados cercanos al palacio de Nariño. La alternativa será una Asamblea Constituyente que siente las bases de un nuevo pacto social para fortalecer la institucionalidad y erradicar el clientelismo. Esa propuesta de Alejandro Ordoñez no debe ser objeto de controversia de paternidad, como lo pretende tardíamente Germán Vargas, sino elemento de convergencia e instrumento para un nuevo ordenamiento constitucional.
Hace falta el contenido. Los candidatos tienen la palabra y los ciudadanos el poder decisorio.