Colombia no puede aceptar que un acuerdo hecho entre el gobierno más impopular y corrupto de nuestra historia y el grupo terrorista más sanguinario de América se incorpore a la Constitución. Tampoco podemos ceder la administración de justicia a magistrados elegidos por cinco desconocidos con un proyecto político en mano. Menos aún tolerar que criminales de lesa humanidad, sin pagar penas ingresen a la política, sin requerir siquiera votos.

Precisamente por eso la mayoría de los ciudadanos colombianos rechazamos esos acuerdos de La Habana en el plebiscito. Sin embargo el Congreso y el gobierno nos los imponen. De nada valen las críticas constructivas, las advertencias sobre los peligros, los señalamientos de problemas. Los imponen, como están. Para eso hay mermelada.

Para nuestra fortuna todavía Colombia es un Estado de Derecho, el constituyente primario tiene la última palabra. El artículo 377 nos permite llevar a consideración de los colombianos las decisiones del Congreso que afectan los derechos fundamentales. Es una salvaguarda diseñada por la Constitución precisamente para un episodio como este; donde el Congreso destruye los valores fundamentales de nuestra Carta en contra del querer de  la ciudadanía.

Hemos radicado un comité con la senadora Paola Holguín y el representante Álvaro Hernán Prada, para recoger firmas y poner en consideración de los colombianos la revocatoria de tres actos legislativos muy dañinos para el país: la creación de la jurisdicción especial de paz, el que incorpora los acuerdos a la Constitución y el que permite la participación política de criminales. En 15 días deberá estar admitido el comité y tendremos seis meses para recoger 1,87 millones de firmas. Sin pasar por el Congreso y deberá ser convocado para que la ciudadanía decida.

Habíamos anunciado que la jurisdicción JEP sería una amenaza para los ciudadanos y los miembros de la fuerza pública, sin embargo había quienes aseguraban que sería un buen sistema. Una vez se conocieron los magistrados y el proyecto de ley para estatutaria que la desarrolla las especulaciones cesaron. La JEP es una afrenta a la justicia y un intento descarado del terrorismo y sus partidarios para escribir una nueva historia del mal llamado "conflicto armado". 

Jueces que se caracterizan por sólidas posiciones contra el Ejército y la Policía, con frenéticos pronunciamientos contra el Presiente Uribe y jugosos contratos con el corrompido gobierno Santos. Son el inicio de un proceso que podría convertirse en una persecución política sin precedentes en el país. 

Basta repasar las observaciones del Fiscal General para entender el abismo al que nos aproximamos. A la JEP van 17.500 compulsas de copias de justicia y paz la mayoría sobre civiles; más de 3 mil militares y policías serán procesados. Con normas que irán haciendo los jueces según su conveniencia.

No podemos dejar que nuestra democracia se inunde de los dineros lavados del narcotráfico. Generan impunidad no sólo para los mafiosos sino también para sus testaferros. Ya no habrá posibilidad de expropiar los bienes a los familiares de las Farc, pues se invierte la carga de la prueba en la extinción de dominio. 

Está es una batalla más, y el robo del plebiscito no debe desalentarnos, sino darnos fuerza porque no estamos vencidos ni aceptaremos que nos sometan. 

¡La resistencia civil continuará!