Discutimos en el Congreso el proyecto que habilita la constitución de regiones. Quisiera yo un país más descentralizado, con regiones que tengan voz para discutir las partidas presupuestales y capacidad de decidir, por encima del nivel central, cuáles son las prioridades de las áreas. Por eso he vendido defendiendo que el Congreso recupere iniciativa de gasto, de manera que pueda decidir en qué se gasta la plata de los colombianos desde el punto de vista de quienes representan la Colombia de regiones. Esa, para mí, sería una aproximación adecuada para restablecer voces regionales. Además tiene la virtud de devolverle autonomía al Congreso, e impedir que sea un esclavo del Ejecutivo.
El tema del ordenamiento territorial también es fundamental para avanzar en la descentralización. Sin embargo, no creo que el camino sea el escogido.
Me gusta que los departamentos se puedan asociar y generar proyectos regionales. Sin embargo, tengo la impresión de que el asunto es superficial, eso lo pueden hacer actualmente. La pregunta que subyace es si deberían ser los municipios los llamados a asociarse y generar esas regiones. En el diseño territorial de la Constitución del 91 los departamentos no tienen mucha utilidad y menos aún financiación. Si no fuera por las regalías, la mayoría de los departamentos estarían quebrados. Para todos es claro que el núcleo en el que se centra la administración territorial es el municipio, y por lo tanto, debieran ser estos los facultados para nuevas conformaciones y responsabilidades. El departamento, en muchos casos, reproduce el centralismo del nivel nacional en el nivel departamental. 
Dejando eso de lado y volviendo al proyecto, tengo dos preocupaciones. Por una parte, una vez las regiones se consoliden como entidades territoriales tienen el derecho a participar en las rentas nacionales. El presupuesto de participación tendría que ser repartido entre departamentos y municipios que competirían además con las regiones. No considero aceptable que los ingresos de los municipios vayan a tener algún detrimento, pues el nivel local, como lo he explicado, debe ser el núcleo esencial.
Por otra parte, me perturba la idea de nueva burocracia y nuevos cargos. Un país que se gasta sus recursos en funcionarios públicos y no en bienes públicos e inversión no progresa. El caso de la Unidad de Víctimas, que para repartir un billón de pesos entre quienes son víctimas, se ha gastado más de 2 billones en burocracia; es una muestra de todo lo que no debe ser.
Las regiones propuestas quieren un nuevo gobernador, otra asamblea. Logramos desde la Comisión primera eliminarlas. Pero aparecieron todo tipo de habilitaciones para tener un prefecto y nombrar los funcionarios que las integrarán. Hemos presentado las proposiciones para que el prefecto sea uno de los gobernadores y los funcionarios sean delegados por las gobernaciones de su personal actual de planta. Además incluimos una restricción para que los recursos que obtengan del nivel nacional no puedan ser utilizados en gastos de funcionamiento.
No podemos permitir que los recursos que tenemos y que nos hacen falta para mejor educación, mejor salud, vías, inversión en el campo y la industria que nos de competitividad se dilapiden en burocracia. Esa burocracia que alimenta el clientelismo (donde los cargos son para los amigos) es, a su vez, la base de la corrupción: el funcionario tiene el deber de “colaborar” con el político que lo nombró. Regiones sí, burocracia no.