La inseguridad ciudadana es hoy la mayor preocupación de los colombianos. Los esfuerzos oficiales por ofrecer una versión idílica de los efectos del acuerdo con las Farc, orquestados por una intensa actividad de los medios de comunicación, no han logrado modificar una percepción fortalecida por el número creciente de víctimas de delincuentes de toda pelambre. El fracaso de tan apabullante propaganda no se debe solamente al escepticismo que genera la impunidad concedida a los delincuentes de lesa humanidad de las Farc, que se extenderá a los delitos del ELN como precio de un eventual acuerdo, sino también a la formulación y ejecución de políticas criminales y de amnistías que aseguran el imperio de los delincuentes en las calles y campos de Colombia.
El exministro Reyes, que hoy todavía dicta la política del Ministerio de Justicia, impuso aquella que permite a delincuentes de alta peligrosidad gozar de libertad vigilada, con el solo argumento de que un régimen carcelario moderno debe privilegiar la libertad del procesado hasta que se dicte sentencia condenatoria. Lo hizo seguro de que esa normatividad encontraría eco en la Corte Constitucional, que en los últimos ocho años se ha mostrado siempre presta a rodear con una telaraña de garantías la captura de delincuentes, aún sorprendidos en flagrancia.
Los jueces se muestran obedientes y se abstienen de tomar medidas de aseguramiento intramuros. Basta recordar el caso de los explosivistas del MRP, capturados en posesión de explosivos, pero liberados porque éstos no habían sido detonados y que días más tarde sirvieron para consumar el atentado en el centro Andino, para comprender la situación alucinante que vivimos. Se ha generado un escenario perverso en el que delincuentes aprehendidos recobran instantáneamente su libertad, sin importar reincidencias que pueden sumar hasta cincuenta oportunidades. Resulta difícil concebir mayor desestimulo y frustración de las fuerzas policiales en ejercicio de sus funciones preventivas y protectoras, y más grande e inconmensurable indefensión del ciudadano.
Con la aplicación de la amnistía acordada con las Farc, numerosos perpetradores de delitos atroces, al amparo de las certificaciones expedidas por la comandancia de ese nuevo partido, deambulan hoy por las calles sin mecanismos de vigilancia que permitan al menos conocer su ubicación. Sicarios reconocidos y condenados, responsables de atentados terroristas, como el consumado contra el exministro Londoño, y toda clase de violadores de los derechos fundamentales, adquirieron la condición de gestores de paz, como si pudieran sustraerse a su índole criminal.
En un escenario político polarizado y en vísperas de unas elecciones de resultados inciertos, el terrorismo puede inclinar la balanza. Es responsabilidad del Estado reforzar la protección de los candidatos y no desmantelarla como ya se hizo con uno de ellos.