La más compleja, y también la más urgente, es la de llevar la institucionalidad a todo el territorio nacional para que los servicios y competencias del Estado puedan ofrecerse y ejecutarse a lo largo de la geografía nacional y atender las preocupaciones y necesidades de los colombianos. Constituye la herramienta indispensable para afrontar los problemas de seguridad nacional y ciudadana, la expansión de los cultivos ilícitos, la minería ilegal y el contrabando, así como para erradicar la deforestación de los territorios y la apropiación de tierras baldías por mafias poderosas, hasta hoy fuera del alcance de la acción del Estado.

La política exterior de Colombia requerirá de consensos y pericia en la atención de los problemas suscitados por los gobiernos de Venezuela, Nicaragua y Cuba, que constituyen abiertos desafíos a los derechos humanos y amenaza cierta a la paz hemisférica, y que han desencadenado una migración masiva que recorre la geografía del continente americano. Para Colombia implican además peligros para la integridad de su territorio suscitados por gobiernos mafiosos dispuestos a toda acción que favorezca su continuidad en el poder.

Resulta indispensable erradicar todo vestigio de corrupción que erosione la legitimidad de las instituciones y pervierta el comportamiento ciudadano. Con los cupos indicativos se extendió la perniciosa mermelada en la que naufragaron la ética pública y la conciencia de muchos ciudadanos, y que no se combate con medidas inocuas, limitadas además por intereses políticos subalternos. Es una exigencia ciudadana inaplazable, cuyo resultado repercutirá inexorablemente sobre la legitimidad del régimen democrático. Las Cortes y Tribunales de Justicia tienen que recuperar su imparcialidad e independencia si quieren recobrar majestad y credibilidad, inherentes a su función, y el Congreso legislar para la Nación y no para ocultos apetitos personales de sus miembros.

La riqueza ambiental de Colombia debe preservarse lejos del ánimo de lucro despiadado de quienes la afectan e inmune al radicalismo ambiental que convierte su acción en cruzada fanática. La delimitación del Páramo de Santurbán será prueba exigente y decisoria para la sostenibilidad de nuestro patrimonio ambiental y de nuestra biodiversidad.

Para cumplir sus tareas, el gobierno requiere definir rumbo y prioridades y convocar alrededor de ello consensos políticos que hagan posible su realización. Los ciudadanos esperamos que el Ejecutivo convierta en realidades los planes y programas que la ciudadanía demanda y el país necesita. Se avizoran nuevos entornos en el mundo de hoy y no comprenderlos puede tener un costo descomunal  en la gestión de gobiernos que quisieron y no pudieron. Francia y varios países árabes experimentan ya ese dilema. Confiamos en usted y le deseamos buen viento y buena mar presidente Duque. Un feliz año para todos