El 2017 será un año marcado por los debates electorales que deben celebrarse en el 2018. Así lo presagian, no solamente los últimos acontecimientos políticos, sino también la honda preocupación que embarga a los colombianos por la pérdida de los valores y principios que sustentan el orden social y la convivencia ciudadana.

En el afán de imponer un acuerdo de paz que el pueblo rechazó el 2 de octubre, el Gobierno, la izquierda y las Farc han logrado que Congreso y Cortes abdiquen de sus poderes y borren con sus actos y sentencias el principio de la separación de poderes. Congresistas y Magistrados entregaron su independencia y acrecentaron la ansiedad que suscita el desmantelamiento de las instituciones y principios que fundamentan la democracia. Se ha perdido la confianza en los jueces y pulverizado la menguada credibilidad de los partidos políticos por las libertades que unos y otros se conceden para traicionar sus idearios y deberes.

A ello se suma la descomposición social que afecta a la sociedad colombiana y que se traduce en corrupción impune, en laxitud ética y permisividad general ante todas las manifestaciones del libre desarrollo de la personalidad, sin que las autoridades logren erradicarlas, o al menos contrarrestar sus perniciosas consecuencias. Por el contrario, el Estado alienta la desintegración de la familia, el debilitamiento de la cohesión social, la atomización de la justicia en sistemas fundados en tradiciones ancestrales y la corrupción que institucionaliza con los “cupos indicativos”. Salud y seguridad son las cenicientas de la acción del Gobierno que derrocha sus haberes en burocracia ineficiente y en publicidad de sus fallidas políticas, porque sabe que tiene a su alcance reformas tributarias aprobadas con el apropiado reparto de “mermelada”

El Gobierno y los partidos son ajenos a estas realidades. El primero construye sobre los endebles cimientos de un acuerdo de paz rechazado por el pueblo colombiano y los segundos persisten en su dieta azucarada, bien lejos de los ciudadanos. No perciben el descontento creciente de la población que se ve reflejada en cada encuesta. El ocaso de los partidos no puede significar el crepúsculo de la democracia.

Los colombianos reclaman democracia y rechazan continuidad. Se percibe anhelo de recuperación de principios y valores que haga realidad una paz estable, restablezca la cohesión social, erradique la corrupción y fortalezca las instituciones.

El próximo presidente no será el candidato del Gobierno ni el de un partido, sino el que sepa oír y comprender las angustias y aspiraciones de la gente. Ese será el reto de quienes aspiren a la presidencia, pero también el desafío para quienes elegimos.