La sentencia de la Corte Constitucional sobre el Acto Legislativo que avaló el ‘fast track’ tiene la virtud, no solamente de rescatar el principio de la separación de poderes, sino también el de restaurar la capacidad deliberativa del Congreso y, con ello, conferir legitimidad a sus decisiones. 

Las reacciones de los negociadores habaneros retratan bien la prepotencia de quienes daban por seguro el establecimiento de un régimen constitucional a la medida de sus objetivos políticos y de sus afanes de impunidad. El inspirador del acuerdo de paz, al ver afectada su creación, descubrió que la institucionalidad no funciona y que debe cambiarse para no perder el rumbo hacia la sociedad socialista del siglo XXI. Sus escuderos colombianos avizoran un apocalíptico regreso a la violencia y Timochenko llama a sus tropas al acuartelamiento en las zonas de transición y normalización. Son presas del terror y miedo que ya no infunden a los colombianos. Esta oportuna decisión ojalá obedezca a nuevos criterios de los magistrados, libres de la coyunda que imperó en la Corte en los últimos años y que procuró privilegios del gobierno en premio a su obsecuencia en la validación de las desmedidas concesiones a las Farc, rechazadas plebiscitariamente por el pueblo. 

Se rescató al Congreso de su sumisa genuflexión y se restableció la independencia de las instituciones que integran el Poder Público. Al devolverle al Legislativo su capacidad deliberatoria se indicó que el acuerdo final no tiene la capacidad de sustituir la Constitución y que la vigencia de sus disposiciones se halla sujeta a los procedimientos establecidos en la Carta y en las leyes para su incorporación al ordenamiento jurídico. Se restableció la seguridad jurídica y se impidió que nos impusieran el derecho de las Farc y las instituciones que se derivan del mismo. Se obligará a las Farc al debido cumplimiento de la desmovilización de todos sus efectivos, guerrilleros y milicianos, a la entrega de todas sus armas, a la devolución de los menores reclutados y de todos los secuestrados, a la verdad sobre los desaparecidos y a la revelación de sus activos y riquezas para destinarlas a la reparación de sus innumerables víctimas. 

Y el gobierno tendrá que llevar la institucionalidad a todo el territorio nacional, erradicar las actividades ilícitas, garantizar la seguridad de todos los colombianos y la reinserción de los desmovilizados a la vida civil. 
Cabe esperar que estas primeras sentencias de una Corte renovada no sean flor de un día y que, en ejercicio de su misión de guardiana de la Carta, interprete la Constitución sin reescribirla, y recupere así el prestigio que nunca ha debido perder.