Reforma a la Justicia -II-
“Frente a ese problema se diagnostican distintas causas”
EN mi calidad de Presidente de la Corporación Pensamiento Siglo XXI fui invitado a presentar ponencia el pasado 14 de septiembre en la audiencia pública sobre la reforma a la Justicia que se llevó a cabo en la Comisión Primera del Senado de la República.
Tengo que confesar que quedé estupefacto, sorprendido y anonadado con la gran mayoría de intervenciones de mis contertulios. Si como lo expliqué en la columna anterior me pareció triste y grave la concepción tan anacrónica sobre la cual se asientan las iniciativas del Gobierno nacional y del Consejo de Estado, mucho más la concepción que de la justicia tienen la gran mayoría de académicos, gremios y estudiantes de Derecho.
En pleno siglo XXI, en plena era contemporánea, hay voces que insisten en que la administración de justicia es un servicio público esencial el cual únicamente puede ser administrado por jueces de toga y martillo, por servidores públicos de la rama judicial esto es, por abogados pertenecientes a una carrera judicial.
Dentro de esa concepción se tiene el problema: en Colombia NO existe administración de justicia. De igual modo, frente a ese problema se diagnostican distintas causas y, por supuesto, frente a las distintas causas tenemos diferentes soluciones.
Así, por ejemplo, el Gobierno cree que las causas del problema residen en la concepción normativa mientras que el Consejo de Estado considera que las causas son la ausencia de presupuesto, el incumplimiento de sus deberes constitucionales por parte del Ejecutivo y la creación de nuevos derechos con nuevas acciones de defensa.
De ese modo tenemos que, por un lado, se parte de la retrógrada concepción de que la administración de justicia es un servicio público esencial y, por el otro, que para conjurar la crisis de la ausencia de justicia se tienen que cambiar las leyes, incrementar el presupuesto judicial y obligar al Ejecutivo a pagar cuanta solicitud se eleve al Estado.
Los estudios de campo, la teoría política y jurídica contemporánea y la experiencia del litigio concluyen algo muy diferente y es que el grande problema de la administración de justicia es la precariedad intelectual, humana y de carácter de los operadores jurídicos, especialmente de los jueces y magistrados.
Por supuesto que este diagnóstico de Perogrullo no podía ser ofrecido por el Ejecutivo y mucho menos por el judicial en tanto que no sería políticamente correcto. Sin embargo, todos sabemos que es la verdad. Y si partimos de este diagnóstico y de estas causas llegaremos a conclusiones diametralmente distintas a las consagradas en las iniciativas del Gobierno como del Consejo de Estado.
*Presidente Corporación Pensamiento Siglo XXI