“Hay más posibilidad de que hubiera pasado cocaína por las narices de quienes me critican” exclamó “Santrich” al ser liberado por decisión de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Arrogancia de quien se estima impune por cuenta de unas cortes descompuestas y acomodaticias con la pretensión de inmunidad de los más conspicuos líderes de la izquierda nacional. La JEP, que no quiso ver las pruebas que acreditaban la comisión del delito de narcotráfico por Santrich en fecha posterior a la firma del Acuerdo Final (AF), le confirió al acusado el carácter de aforado al enviar su caso a la Corte Suprema de Justicia. Y ésta, sin más preámbulos y con desconocimiento de las pruebas, cuya revelación les otorgó naturaleza de hecho notorio, aceptó esa condición y decretó la libertad del delincuente en providencia que desdice de la Sala Penal.

El fuero es una prerrogativa que cobija a determinados servidores públicos y persigue como finalidades las de mantener el equilibrio de poderes y proteger a sus más encumbrados servidores de acusaciones y juzgamientos temerarios o arbitrarios. Se concede en razón del ejercicio de las competencias atribuidas a ellos y no simplemente en virtud de la importancia de sus cargos, y cobija las conductas desplegadas a partir de sus respectivas posesiones Todo eso olvidó la Sala Penal al atribuirle al siniestro personaje la condición de aforado, sin haberse posesionado, por delitos cometidos entre 2017 y abril de 2018, y con pleno conocimiento de que otro integrante de la lista del partido Farc se desempañaba como representante a la Cámara.

Triste episodio que se suma a los que marcaron el denominado Cartel de la Toga con los cuales se ha destrozado la majestad de la justicia y su credibilidad. La curul de “Santrich” simboliza la muerte de la extradición y la presencia del narcotráfico en el Congreso por orden de la justicia. Contamina irreparablemente a la democracia colombiana.

Al alineamiento de la JEP, del Consejo de Estado y de la Corte Suprema de Justicia en la insólita interpretación del fuero, se agrega la decisión de la Corte Constitucional sobre mayorías para aprobar objeciones presidenciales, con ponencia de quien fuera asesor del gobierno en La Habana, con dudosa matemática y sin reparar en el notorio impedimento que lo afecta. 

El país desconfía de su justicia, impregnada de politiquería y huérfana de imparcialidad y juridicidad. Sigue cojeando, pero ya no llega, porque es impartida con espíritu de bandería para perseguir al adversario y absolver al correligionario. Peligrosa desviación, justificada con el lema de que “todo sea por la paz” que hoy nos quieren imponer como guía de la justicia e instrumento idóneo para cavar su tumba