En el debate en el Congreso se fingió una refrendación los acuerdos de La Habana, en una descarada suplantación de la voluntad de los colombianos. El voto del No no sirvió para nada, fue un esfuerzo perdido y  a la manera de las dictaduras, el Gobierno decidió desconocerlo. Así de fácil.

Los argumentos para avalar el procedimiento antidemocrático son flojos: El primero sostiene que tratándose de un “nuevo acuerdo” no hay sustitución del constituyente primario, pues por ser “nuevo” sigue un camino distinto. No por cambiarse de ropa, uno es otra persona. La comparación de los textos muestra con facilidad que hay un evidente plagio, no puede decirse que es un acuerdo nuevo aquel que es idéntico en un 90%; es un plagio con retoques. Además Santos prometió que los colombianos tendríamos la última palabra sobre el acuerdo, no lo decía sobre el primero; sino para el que al final regiría.

Cuando ya se convocó al pueblo para que decidiera, y decidió; no pueden irrespetar su voluntad. El Gobierno está convencido de que las trampas del plebiscito resultaron insuficientes, y por lo tanto no permiten otra refrendación popular. Como el plebiscito impide que el presidente implemente, ahora utilizan el Congreso para burlar la norma. Ese Congreso que fue derrotado el 2 de octubre y ya de probada sumisión a la mermelada. No hace falta ser un genio para saber que lo importa es aprobar los acuerdos, no importa cómo.

El argumento más vergonzoso es que los congresistas son inviolables en sus votos y opiniones. ¿Cómo puede haber entonces conflicto de intereses? ¿Entonces con el voto congresional no se puede cometer delito alguno? ¿Es imposible prevaricar desde el Congreso? Esa teoría del doctor Urpimi funda una nueva línea de comportamiento para los congresistas: ¡Qué hagan como el Presidente Santos, lo que les de la gana!

Lo cierto es que el sector político que quiere ese acuerdo, lo quiere como sea. Prefieren darle gusto a las Farc e imponérselo a la mayoría de los colombianos. Se justifican en que los beneficios que ellos mismos le atribuyen al acuerdo, serán tantos y tan positivos que los del No terminaremos por sentirnos satisfechos. 

No es cierto. El acuerdo no va a traer paz, ellos lo saben, aunque no lo digan. Se le vienen a Colombia días duros. No sólo por la crisis económica que se agravara con esta nueva compra del Congreso que exigirá reforma tributaria y adiciones presupuestales; sino porque se destruyen las instituciones y la ley. Proliferará la violencia, y nos dirán que no hay problema porque es delincuencia común.

Si el siguiente Gobierno enfrenta el desbordado crecimiento de los cultivos ilícitos y la minería ilegal, habrá un recrudecimiento de la violencia en la periferia. Violencia inspirada en el anhelo de las bacrim de seguir el ejemplo de las Farc. La desobediencia de la ley será evidente; todos alegando que si las Farc no pagaron cárcel nadie tiene que hacerlo. Además, vendrá la venganza de las Farc a través de la “justicia” JEP. Los del No diremos que lo advertimos, y los de “la paz” dirán, quién sabe con qué argumentos, que tenemos la culpa. Lo cierto es que con el pretexto de paz destruyen todo, la ley, las instituciones y la democracia. Dios nos apare.