El nuevo ministro de Defensa asume el exigente reto de producir resultados concretos que desarticulen las acciones criminales de los grupos armados organizados y aseguren el monopolio del uso de la fuerza legítima por parte del Estado en la totalidad de su territorio. Para ello, cuenta con su capacidad gerencial y con la colaboración del alto mando militar y de una Policía bajo la dirección de su más experimentado general.

No será tarea fácil, porque demanda no solamente la continuidad de políticas en ejecución, sino también nuevas estrategias que afronten las cambiantes dinámicas que caracterizan las expresiones de la violencia en varias regiones del país. La lucha contra el narcotráfico y el desmantelamiento de las organizaciones criminales exigen nuevas visiones y renovados planes de acción. La creciente fragmentación de los grupos armados ilegales ha favorecido la extensión de la violencia que pretende hacer tránsito del ámbito rural al urbano, sin que ninguna logre una prevalencia clara que permita la consolidación de fuerzas que adquieran un cubrimiento nacional. La violencia se ejerce a la par contra los ciudadanos, la fuerza pública y las autoridades y entre las bandas delincuenciales por el predominio de territorios y la exclusividad en la obtención de los réditos del narcotráfico, los cultivos de coca, la minería ilegal, la extorsión y el control de comunidades.

Las tareas de desarticular esos grupos armados no se agotan con la intervención en toda la cadena del narcotráfico, como tampoco se reducen a dar de baja a sus cabecillas, inmediatamente reemplazadas, ni a capturar o desmovilizar sus integrantes que se compensan con reclutamientos de indefensas víctimas, porque no serán eficaces sin el fortalecimiento del Estado en los niveles locales y regionales que constituye, además, la única garantía de protección de todos los líderes sociales, ambientales y comunitarios que se resisten al predominio de la criminalidad. La Fuerza Pública no puede en solitario asumir todo el peso y funcionalidad que implica la presencia de la institucionalidad. Allí se libra una lucha despiadada entre todas las organizaciones criminales por el dominio de esos territorios que empieza a extenderse hacia las zonas urbanas, elevando su amenaza de inseguridad ciudadana a la de desafío a la seguridad nacional y la integridad territorial del estado colombiano. Venezuela alberga, protege y patrocina al ELN y a la Segunda Marquetalia, que le sirven de tentáculos para intervenir y subvertir la vida nacional.

La situación que vivimos es consecuencia directa de la prevalencia del ególatra esfuerzo por el premio Nobel sobre las responsabilidades del gobierno anterior que deslegitimó el acuerdo de paz, sembró de incentivos perversos los cultivos de coca y dejó en abandono los territorios en donde hoy florecen, mandan y asesinan todas las organizaciones criminales que llenaron los espacios vacíos que dejaron las Farc-Ep.

Son múltiples, exigentes y conexos los retos que confronta el nuevo Ministro y todos dependen del control territorial por parte del Estado. Si ello se logra sería el legado perdurable de este gobierno para el destino y futuro de Colombia.