En los años 90, Álvaro Gómez Hurtado señaló la necesidad de cambiar el régimen político desvencijado por una cultura de la ilegalidad que corroía todos sus cimientos. No haber atendido su llamado arrojó grandes costos para la institucionalidad y la vida nacional que hoy resultan intolerables para los colombianos. La ilicitud invadió muchas de las esferas de lo público y de lo privado y moldeó los contornos de una democracia paulatinamente sometida a la voluntad y prácticas incompatibles con su naturaleza y principios. Emergió una clase política de clanes y castas que convirtieron a los partidos en organizaciones compelidas al usufructo de los dineros públicos, envileciendo su accionar y desconectándolas de la ciudadanía.
Reconstruir el régimen democrático y participativo es hoy un imperativo nacional. Los descompuestos y reprobados partidos tienen que tener conciencia de su pobre proceder y comprender la urgencia de recomponer el régimen político. El gobierno de Iván Duque ha dado señales de su voluntad de fortalecer la independencia y colaboración de los poderes, elementos insustituibles de la democracia para que la gobernabilidad se construya, no ya sobre las dádivas de mermelada, sino sobre acuerdos políticos que resulten de afinidades ideológicas y programáticas. Es ese el sentido del pacto por Colombia que obligará a los partidos a la recuperación de sus identidades y a obrar conforme a ellas para superar la nociva polarización que actualmente padecemos.
El escenario de partidos de gobierno, independientes y de oposición es propicio para ese inaplazable ejercicio, siempre que no se contamine de prácticas extorsivas para consecución de puestos y presupuestos. No será fácil para muchos congresistas despojarse de sus prácticas y vivencias, pero es en la resolución de ese dilema en el que se reconoce la dimensión política y personal de cada cual.
El carácter técnico de muchos ministros, la actitud del Ejecutivo en la elección del Contralor y la constante interlocución del mandatario con la ciudadanía, demuestran la voluntad presidencial de diseñar y aclimatar la nueva arquitectura del régimen democrático colombiano que se cimentará en participación, garantías y afinidades que permitan consensos y respeten disensos, sin los cuales la democracia no sobrevive. La política no puede reducirse a la apuesta por el fracaso del gobierno de turno, sino propiciar el desarrollo, seguridad y bienestar de la nación y garantizar que el pueblo decida sobre las propuestas encontradas ofrecidas por las distintas vertientes políticas.
Viviremos estos años un periodo de transición en el que tendremos que reaprender y recuperar las destrezas propias de la democracia. El pacto por Colombia será el escenario de fortalecimiento de nuestro régimen político, la herramienta de empoderamiento del ciudadano y la oportunidad de recuperación de partidos políticos hasta hoy extraviados en el cumplimiento de su misión.