Nadie duda del aumento exponencial que se observa en las hectáreas sembradas de coca. Los recientes informes de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de Naciones Unidas (JIFE) y del Departamento de Estado de los Estados Unidos, confirman el crecimiento desorbitante de las áreas con cultivos de la hoja de coca que hoy se estiman en más de 200.000 hectáreas y que se explica por las concesiones hechas a las Farc, principal cartel de narcotráfico. En efecto, los jefes farianos, en el transcurso de las negociaciones de La Habana, no solamente estimularon la plantación de mayores cantidades de coca, sino que también obtuvieron la suspensión de las operaciones de erradicación, comprendida la de aspersión aérea con glifosato. Colombia sigue siendo el principal productor mundial de coca y compite por esa primacía en lo que respecta a la heroína y la marihuana.
El Gobierno no tiene interés en ejecutar políticas que afecten la producción de estupefacientes. Sus proyectos son ilusorios porque apuntan a la erradicación manual y a la cooperación de los sembradores de las matas, y se fundamentan en la coordinación de las Farc. Los ratones al cuidado de los quesos. No contento con ello, el Gobierno expidió el decreto 2467 del 15 2015 que autorizó el cultivo y el establecimiento de un mercado lícito de cannabis, supuestamente con fines médicos y científicos. Las 20 plantas autorizadas para cultivo personal se hallan exentas de la obligación de tener licencia, lo que en concepto de la JIFE “podría dar lugar a la desviación de cannabis al mercado ilícito”, y “sería incompatible con la Convención de 1961” Razón tenía Alejandro Ordóñez cuando se opuso a la suspensión de la fumigación aérea y vaticinó que Colombia nadaría en coca. Le llovieron truenos y centellas de los adalides del gobierno que ya había claudicado en la Habana en su lucha por la erradicación de los cultivos ilícitos.
La batalla contra el narcotráfico parece perdida. No hay en el Gobierno voluntad para librarla ni existen instrumentos idóneos para ganarla. Por el contrario, emergen los medios y disposiciones para la abdicación de las autoridades ante la producción y consumo de los estupefacientes, que constituyen el poderoso combustible de la violencia en Colombia. Las Farc están relevadas de desmontar su aparataje criminal y el Eln y las bacrim seguirán sus pasos para conseguir impunidad sin renunciar a su accionar delincuencial, porque saben bien que el narcotráfico es hoy un delito conexo al delito político. Nos dirán que esa espiral de violencia era la única paz posible, sin entender que nadie se salvará de esa vorágine de dolor y muerte.