“Pretenden sembrar inseguridad y desorden”

El balance de los primeros cien días de la gestión  del presidente Duque es altamente positivo. Recibió una malhadada herencia en casi todos los aspectos principales del desarrollo nacional y que son motivo de profunda preocupación ciudadana. Un país polarizado, nadando en coca, con una crisis institucional deslegitimante, afectado por una corrupción omnipresente, sacudido por una inseguridad con serias implicaciones de seguridad nacional y con un acuerdo de paz que no encuentra  recursos sino incumplimientos, y sufre de un alto déficit de aceptación en la opinión pública nacional.  

El presidente Duque ha procedido con tranquilidad, buscando establecer diálogo con sus opositores y con los sectores afectados por la negligencia culpable del expresidente Santos. Entiende la necesidad de convocar una amplia participación de opinión para construir un pacto por Colombia que concite los esfuerzos y la toma de las decisiones que necesita la recuperación de la confianza ciudadana en su futuro. No solamente cumplió con su palabra en la integración de su gabinete, sino que también tuvo el coraje de desmontar la perniciosa “mermelada” para reestablecer la ética en la política y asegurar las transformaciones indispensables a la relación transparente entre los poderes del Estado. Con ello, recupera el talante democrático que debe prevalecer en la política colombiana. Constituye ya, por sí mismo, un legado histórico.  

La respuesta de sus opositores no tuvo grandeza. Pretende sembrar la inseguridad y el desorden y persigue debilitar el ejercicio de la legítima autoridad, propio de un régimen de libertades. Para ese efecto, quieren valerse de las frustraciones de muchos de los sectores que vieron aplazadas sus más caras  reivindicaciones en los últimos ocho años. Es toda una estrategia de caos y violencia que procuran llevar a cabo con movilizaciones sucesivas de distintos sectores, aupadas bajo la falsa sacralización de la protesta social que consienta la erosión de la autoridad y la impunidad de los delitos perpetrados en marchas, taponamientos de vías y toda clase de violaciones a la propiedad y al libre tránsito de bienes y personas. 

Ya afectaron las aspiraciones de la educación pública, mañana comprometerán a otros sectores de la vida nacional en una espiral de violencia, fundados en la errónea percepción de que el que dialoga carece de capacidad para ejercer autoridad y restablecer el orden. Muy pronto se desengañarán de semejante suposición, pero dejarán la estela dolorosa de sus acciones inspiradas en un afán desmedido por el poder que no conseguirán a costa de la seguridad y la tranquilidad de los colombianos.