En el marco de la COP16, los Parques Nacionales Naturales (PNN) de Colombia presentaron el Informe Parques Nacionales Cómo Vamos (PNCV) 2024, en el que encendieron las alarmas debido a que en los últimos once años se han deforestado 125.756 hectáreas de área protegida debido a actividades como la ganadería indiscriminada, el acaparamiento ilegal de tierras, infraestructura vial no planificada y economías ilícitas.
Entre 2013 y 2023, los parques más afectados han sido Tinigua 42.478 hectáreas, Sierra de La Macarena con 25.736, Paramillo 10.505, Serranía de Chiribiquete 9.610 y La Paya con 8.759.
Por lo cual se han encendido las alarmas para detener la extinción de especies y tener un plan que los PNN han denominado "cero deforestación" para 2030, argumentando que en las áreas protegidas por los parques se mantiene el 32% de la biodiversidad del país.
Además, en el Informe entregado por la Fundación Santo Domingo, la Fundación Corona, la Fundación Natura, Alisos, WWF Colombia, WCS Colombia, Dejusticia, la Pontificia Universidad Javeriana y la Universidad de los Andes, se evidenció que los 61 Parques del país mantienen dificultades debido a la falta de recursos y los problemas en la administración debido a la extensión de las tierras.
Según lo señalado por los PNN, en el PNCV "se centra en el uso y la apropiación social de nuestros Parques Nacionales Naturales, ya que es el uso que las personas damos a las áreas protegidas y la biodiversidad el que crea un vínculo estrecho con ellas, facilitando el fortalecimiento de la identidad territorial y sustentando la conservación".
Sin embargo, al día de hoy las actividades ilegales, como la minería y los cultivos de uso ilícito, han causado un incremento significativo en la degradación de áreas protegidas en la última década. Estas actividades impactan negativamente el 40 % de los PNN, especialmente aquellos en zonas de difícil acceso, monitoreo y vigilancia por parte de Parques Nacionales Naturales de Colombia (PNNC).
De igual forma, se advierte que las principales amenazas de los PNN en regiones como la Amazonia y la Orinoquia la ganadería extensiva, la infraestructura vial no planificada y las economías ilícitas, las cuales crean un conflicto socioambiental en dichas áreas protegidas.
"Solo el 54 % de las áreas protegidas cuentan con una conectividad efectiva entre ellas, lo que limita la migración de especies y su capacidad de adaptación al cambio climático. Se estima que es necesario aumentar la conectividad en al menos un 25 % para garantizar la conservación a largo plazo. Las Otras Medidas Efectivas de Conservación Basadas en Áreas (OMEC), que cubren el 4 % del territorio colombiano, tienen un gran potencial para aumentar dicha conectividad", señala el Informe.
Además, se advierte sobre la falta de recursos financieros para la gestión de los Parques, señalando que a pesar de que durante los últimos años se ha aumentado el presupuesto en un 10,4%, siguen siendo insuficientes.