LUEGO DE numerosos pedidos y de reclamos por parte de gremios y partidos políticos, ayer el Ministerio de Hacienda envió al Congreso de la República un documento en el que señala que la reforma a la salud se encuentra ajustada al marco fiscal de mediano plazo. El sistema, incluyendo la reforma a la salud, tendría un costo inicial de $105,8 billones e iría hasta $143,819 billones a 2033.

Dice el documento que “los costos fiscales mencionados podrían incorporarse de forma compatible con el Marco Fiscal de Mediano Plazo de 2024 siempre que el Consejo Superior de Política Fiscal (Confis) apruebe, como parte de los límites de gasto establecido en aquel documento”.

Señala que las cifras expuestas se adelantan de acuerdo al informe de ponencia para tercer debate en la Comisión Séptima del Senado.

“Las observaciones aquí establecidas se realizan sobre el informe de ponencia presentado para tercer debate en la Comisión Séptima Constitucional Permanente del Senado de la República publicado en la Gaceta 225 de 2024, por lo tanto, el análisis efectuado sobre la estimación de costos y su compatibilidad con el Marco Fiscal de Mediano Plazo podría presentar cambios de conformidad con las modificaciones a las que sea sometido el proyecto durante el transcurso del trámite legislativo y el envío de información y soportes técnicos por parte del Ministerio de Salud y Protección Social que esta cartera ha solicitado”, dice el informe.

Comienzo

El documento está firmado por María Fernanda Valdés Valencia, viceministra técnica del Ministerio de Hacienda y las estimaciones se efectúan a partir del año 2025, cuando el Gobierno espera iniciar la reforma.

Entre los costos directos se incluye entonces, en primer lugar, a la atención primaria. Allí se señalan gastos como la mano de obra directa e indirecta de los equipos de salud territoriales, además de los gastos de operación y prestación de servicios y los gastos generales como aseo, transporte y otros más.

“No obstante lo anterior, es de precisar que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público solicitó al Ministerio de Salud los supuestos utilizados y la sustentación de los datos utilizados para la estimación de los costos, así como los montos destinados a cada componente de costo, por vigencia; información que se encuentra en consolidación por parte del Ministerio de Salud y Protección Social”. Es decir, se sigue manteniendo cierto desconocimiento completo sobre lo que le costaría al país todo este componente.

Atenciones

Esa misma salvedad se deja clara otra vez cuando el concepto se refiere a la mediana y alta complejidad: “El Ministerio de Hacienda y Crédito Público solicitó al Ministerio de Salud los supuestos utilizados para la determinación del comportamiento de esta senda, así como las causales de la atenuación del crecimiento de mediana y alta complejidad que según dicho Ministerio se darán y se proyecta desde el primer año, y el peso ponderado asociado a tales causales que determinan el porcentaje de crecimiento de esta senda. Corresponde al Ministerio de Salud presentar la justificación y el sustento técnico necesario”.

De nuevo, algo similar ocurre con el plan de infraestructura de la reforma, que el documento vuelve a detallar, se encuentra aún en fase de construcción por el Ministerio de Salud.

“Es pertinente señalar que, a la fecha, el plan maestro de infraestructura se encuentra en definición por parte del Ministerio de Salud y Protección Social, por lo que hasta el momento las cifras son las aportadas por esa cartera y deberán ajustarse una vez se definan las necesidades específicas de infraestructura pública. Adicionalmente, los costos dependerán de los recursos disponibles para cada vigencia y de lo que reglamente el Ministerio de Salud y Protección social en cuanto a la conformación, tipologías, localización, funcionamiento e integración en las Redes Integrales e Integradas de Servicios de Salud en el año siguiente a la entrada en vigencia de la Ley”.

En el apartado llamado “fortalecimiento institucional”, en el que la reforma pretende el fortalecimiento de una serie de entidades como el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, la Superintendencia Nacional de Salud, el Ministerio de Salud y la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social (la Adres, banco de la salud), el concepto reitera: “El Ministerio de Hacienda y Crédito Público no cuenta con la información que le permita estimar exante el costo del fortalecimiento institucional en los términos planteados por la iniciativa legislativa, toda vez que depende de las características específicas de la estructuración definida por cada una de las entidades”.