El sector empresarial del país representado en el Consejo Gremial Nacional hizo una radiografía de su situación actual al presidente electo Iván Duque y se mostró abierto a las propuestas que se plantearán desde el Gobierno para la recuperación de la economía.

Uno de los temas que los empresarios presentaron al nuevo mandatario de los colombianos en un documento llamado Agenda para Reactivación Económica, el sector productivo señala que se requiere de una reforma tributaria.

A juicio de los empresarios la que se aprobó en 2016 y entró en vigencia en 2017 se quedó corta y restó competitividad, además, la legislación tributaria es poco estable, con 14 reformas en los últimos 24 años y 4 en el pasado quinquenio, generando un ambiente de inseguridad jurídica que merma la confianza en las reglas de juego.

Para el presidente de la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria), Santiago Castro, esa reforma tributaria debe pensarse en forma estructural, retomar muchos de los temas de la Misión del Gasto que se quedaron en el tapete, hay que hacer sacrificios y mirar con desprendimiento lo que de verdad le conviene al país.

Señaló que lo obvio es que el nuevo Gobierno deba tener una reforma fiscal pero hay temas como los agrarios y los que tienen que ver con el acuerdo de paz con unas modificaciones que son para corregir temas que no están funcionando actualmente y dejar muy claro cómo va a ser la implementación, que son fundamentales.

A su turno el presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), Juan Martín Caicedo, dijo que con el presidente electo se tocaron temas como las reformas fiscal y pensional que son de vital importancia para el país, la lucha contra la corrupción, la confianza inversionista, la ley estatutaria de consultas previas, lo que muestra que hay una política de concertación entre el Gobierno y el sector privado en el país.

La propuesta

Para los gremios se debe reducir la tarifa de renta corporativa. En este aspecto proponen que la tarifa unificada establecida en 2016 se reduzca del 33 por ciento (40 por ciento al incluir la sobretasa) al 28 por ciento.

Esta reducción tendría que ser compensada en alguna medida con mayor recaudo de personas naturales y fundamentalmente cambiando la base gravable de las empresas, de la renta neta de exenciones a las utilidades contables, teniendo en cuenta los ajustes pertinentes que analicen toda la complejidad tributaria de las personas jurídicas.

Bajo este esquema mejoraría la equidad y se acomodarían tasas más bajas y predecibles. En particular, permitiría que la tarifa fuese 6 o 7 puntos porcentuales menor que la actual de Renta + CREE.

Ampliar el universo de personas naturales obligado a tributar. Es necesario gravar progresivamente a quienes reciban más de 2,5 SMLV (actualmente se tributa a partir de 4,1 SMLV). Adicionalmente, se debería evaluar nuevamente la posibilidad de gravar las pensiones altas, por encima de 6 SMLV, y que hoy benefician a cerca de 53.000 personas.

Eliminar exenciones y demás tratamientos preferenciales en el impuesto de renta. Solo se deben mantener exenciones para actividades con externalidades positivas, a saber inversiones en investigación y desarrollo, actividades relacionadas con la protección al medio ambiente y el emprendimiento y proyectos con probados méritos sociales y cualidades redistributivas; por ejemplo el mecanismo de Obras por Impuestos y ZOMAC.

Eliminar el GMF (4X1000) y permitir su plena deducibilidad mientras este continué vigente. Establecer que el IVA en bienes de capital sea totalmente descontable del impuesto a las ventas en vez de ser deducible sobre el impuesto a la renta.

Reglamentar la retención sobre utilidades introducida en la reforma tributaria del 2016. Debido a que no ha sido reglamentado por el Ministerio de Hacienda, el sistema de auto-retención incluido en la reforma coexiste con las retenciones tradicionales de renta, siendo necesario que opere un solo sistema de retención en la fuente.

Habló Duque

Al término de la reunión el presidente electo se refirió al aumento de los cultivos ilícitos y sostuvo que “200.000 hectáreas de coca son una amenaza para la seguridad del país. Erradicación y sustitución tienen que ser obligatorias”.

También indicó que “es fundamental garantizar una política de formalización empresarial, para todos los tamaños, tanto en lo urbano como en lo rural, pues el país necesita mejorar la definición y la estructuración del territorio”.

Agregó que “se debe transmitir una agenda económica al ciudadano. Mejores ingresos a los trabajadores y mayor bienestar social”.

Se mostró complacido por el respaldo del Consejo Gremial y ver que en el documento de reactivación que ha planteado, hay una gran coincidencia con la agenda que nosotros le hemos planteado a  Colombia, lo cual es el camino para consolidar lo que hemos llamado el ‘Pacto por Colombia’.

Por lo menos en materia económica y social nosotros estamos avanzando en muy buena dirección y creo que esta reunión es propicia antes de nuestra toma de posesión el próximo 7 de agosto.

Finalmente, el futuro jefe de Estado, y en medio del intercambio de opiniones dijo que “el Pacto por Colombia es el conjunto de reformas que necesita el país y para que funcione nos toca corregir el pasado y construir el futuro”.

Crecimiento

El presidente del Consejo Gremial Nacional, Jorge Humberto Botero, sostuvo que se coincidió con el nuevo jefe de Estado en que hay que acelerar el crecimiento de la economía del país, que tropieza con varios escollos, internacionalmente no hay una gran dinámica y hay restricciones fiscales para el uso de recursos del Presupuesto para políticas de promoción del crecimiento, además el país tiene grandes rezagos en materia de productividad y competitividad.

Señaló que el crecimiento es importante, pero hay que procurar una distribución adecuada y equitativa de todos los beneficios del crecimiento dentro de la población es igualmente trascendental eso es un pacto social, como el propuesto por Duque.

Para Botero, el sector privado no conoce aún la orientación de las reformas en justicia, salud, pensiones, fiscal, pero hay una tónica de diálogo constructivo entre el Gobierno y el sector privado.