La piratería es uno de los mayores inconvenientes que enfrenta la industria del mercado audiovisual y de propiedad intelectual. De hecho, en Colombia la situación es preocupante, dado que aproximadamente el 39%, es decir 3,8 millones de suscriptores, son ilegales, flagelo que deja pérdidas anuales para diferentes verticales, entre ellos, el Estado deja de percibir US$196 millones, los programadores US$315 millones y los operadores US$902 millones, generando un detrimento de 7.739 empleos en la economía formal.
Por la magnitud de este problema el Ministerio TIC, junto con la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones (CCIT) y otros gremios del sector, crearon unas mesas de trabajo que tienen como objetivo generar una estrategia coordinada con las autoridades como la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, para identificar los focos de la problemática y generar acciones que permitan combatir la piratería.
“Estas mesas de trabajo serán de gran ayuda para que este flagelo no siga creciendo de manera indiscriminada. La piratería afecta a toda la cadena de la industria, perjudicando a quienes contribuyen generando contenidos de calidad e invierten de forma activa en la distribución del material a sus usuarios, así como al Estado que recauda menos por la misma ilegalidad”; así lo afirmó Alberto Samuel Yohai, presidente de la CCIT.
Además, aseguró que la CCIT ha venido apoyando otras iniciativas como el proyecto +Legalidad, liderado por Andesco, donde por primera vez en el país los operadores y programadores más representativos de la industria de la televisión se unieron para enfrentar el flagelo del subreportaje en Colombia.
Además, según un estudio de Ether City, los servicios legales en América Latina tienen una potencial pérdida de ingresos anuales de al menos US$733 millones. El informe analiza 10 países, incluido Colombia, desde noviembre de 2019 hasta marzo de 2020, para observar la disponibilidad y audiencia de la piratería de contenidos audiovisuales online y el impacto económico de esta distribución ilegal.
A través de estas mesas de trabajo se espera establecer una estrategia de lucha contra la piratería que coordine a los actores mencionados y permita generar crecimiento económico en el sector y el país, fomentar mayor número de empleos e incentivar la cultura de la legalidad.