El impacto de la economía colaborativa en los países de América Latina, incluido Colombia, gracias a las plataformas digitales como iFood, ha favorecido el desarrollo económico de miles de personas que encontraron en estas una alternativa de ingresos y soluciones en los más diversos sectores como viajes, transporte y alimentación.

Para Camilo Sarasti, Country Manager de iFood en Colombia, “el punto medio para que las plataformas sigan aportando al desarrollo económico y a la formalización, es que se comparta el pago de pensión, salud y ARL con el trabajador”.

Un reciente informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que expone los retos y posibilidades de la economía colaborativa en la región, puntualiza que solo con “políticas públicas oportunas y una regulación que permita abrir los mercados a iniciativas digitales” los países podrán aprovechar las oportunidades de negocio de la economía colaborativa.

En Colombia las plataformas digitales se están autodesarrollando con mucha rapidez, es el caso de la app iFood, que genera cerca de 2.000 oportunidades con su modelo de negocio, que permite la participación de socios domiciliarios para el delivery de comida en 12 ciudades del país. Sin embargo, falta mucho por avanzar.

Hoy el debate en Colombia se está dando alrededor de si plataformas como iFood, deben pagar los aportes sociales a los socios afiliados, pero como en toda discusión se debe llegar a una conclusión que les permita, tanto a las plataformas como a los socios, encontrar un balance para que ninguna de las partes se vea afectada la economía colaborativa es una alternativa ideal.

Y es que hay que tener en cuenta varios aspectos, porque “nos estamos enfrentando a varios retos en la actualidad: primero, el nivel de desempleo en el país es de dos dígitos; y segundo, estamos atravesando una migración venezolana que no esperábamos y que ya alcanza casi un millón de ciudadanos del país vecino en nuestro territorio. Así que obligar a plataformas como iFood a que contraten a sus socios o domiciliarios, es condenarlas a que nunca sean rentables y que cierren sus operaciones en el país”.