Llevamos más de un mes del paro nacional convocado por las centrales obreras, organizaciones de distinta índole y ciudadanía en general, exigiendo reivindicaciones sociales al Gobierno en medio de una aguda crisis provocada por la pandemia. 

Si bien la mayoría de manifestantes ha ejercido el derecho a la protesta de forma pacífica, la violencia ha sido protagonista principal con brotes de vandalismo e incluso terrorismo, que han dejado muertos, heridos y daños a la infraestructura pública y bienes privados.

Las cifras son demoledoras en cuanto a la afectación a la integridad de civiles y uniformados, a la economía nacional así como a bienes públicos y privados.

En el último balance entregado por la Consejería Presidencial para los derechos humanos y asuntos internacionales, se evidencia que en total 2.166 bienes públicos han sido afectados entre los que se encuentran: 1.260 vehículos de transporte público, 240 estaciones de transporte público, 154 cámaras de seguridad, 160 infraestructuras gubernamentales, 177 semáforos, 121 señales de tránsito, 55 cámaras de foto multa, 28 peajes afectados, 26 bienes culturales, 4 básculas de pesaje y 1 infraestructura crítica (puente).

Así mismo, se han registrado 48 fallecimientos relacionados con las protestas; 20 casos están relacionados con las manifestaciones, 19 muertes no están relacionadas con estos hechos y 9 en proceso de verificación.

Le puede interesar: Fiscalía imputó cargos a 16 personas en todo el país por maltrato animal

Además, se han llevado a cabo en el país 6.897 concentraciones, 2.408 marchas y 669 movilizaciones.

Por otro lado, la Procuraduría lleva a cabo 204 investigaciones por presuntas faltas disciplinarias en la policía: 98 por abuso de autoridad, 39 por agresiones físicas, 14 por homicidio, 23 por lesiones personales, 2 casos por acoso sexual y 28 por otras conductas.

De otra parte, la representante en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Juliette de Rivero, dijo que “nada justifica el uso de la violencia. La violencia y el uso excesivo de la fuerza generan pérdidas, muertes, dolor, generan confusión y también desesperanza, y vulneran los derechos humanos”.

Al respecto, el gobierno ha dicho que aunque se busca garantizar el derecho a la protestas ya que los ciudadanos pueden expresar sus inconformidades, no se debe abusar de esto para coartar los intereses de las personas que no participan de las manifestaciones. 

"El ejercicio de la protesta no puede afectar el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la alimentación, el derecho al trabajo, el derecho a la libre circulación por el territorio nacional, o cualquier otro derecho fundamental." ha manifestado el gobierno.

Además, dejan en claro que la principal petición que le hacen al Comité del Paro es que cesen los bloqueos viales ya que esto, se considera como una práctica "ilegal y moralmente inadmisible". Por lo que deben terminar de forma inmediata.