La Procuraduría General de la Nación sancionó con suspensión por 5 meses a los exdirectores generales de la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial, Fabio Espitia Garzón y José Reyes Rodríguez Casas, por incumplimiento en la ley de cuotas.

El Ministerio Público corroboró que los exfuncionarios incumplieron sus obligaciones legales, mientras ejercían como directivos, exclusivamente desde el 1 al 2 de enero y del 8 al 26 septiembre de 2022 para Espitia Garzón, y para Rodríguez Casas desde el 28 de septiembre al 31 de diciembre del mismo año, de asegurar entre la nómina de la entidad el porcentaje mínimo del 30% de participación de la mujer en la designación de los cargos de otros niveles decisorios.

Por tanto, la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Juzgamiento 2 dispuso en su decisión que los servidores faltaron a su deber jurídico de garantizar la cooperación femenina adecuada en los niveles directivos, según lo establecido en el artículo 4°, literal b) de la Ley 581 de 2000.

De esta manera, en fallo de primera instancia, el organismo de control calificó la falta de los exdirectores como gravísima, a título de culpa grave.

Por tanto, los disciplinados no se encuentran en la actualidad ejerciendo los respectivos cargos, la sanción se convertirá en el pago de lo devengado por 5 meses por un total de aproximadamente $68 millones cada uno de ellos.