AL CUMPLIRSE el próximo miércoles los primeros seis meses del gobierno del presidente Gustavo Petro resulta evidente que el clima político en el gabinete está bastante caldeado. Incluso, varios ministros viven permanentemente en el ojo del huracán.

De hecho, si se revisa lo ocurrido esta última semana se encuentra que aunque solo el próximo martes el Congreso retomará su trabajo, una vez arranquen las sesiones extraordinarias, ya hay dos ministros en la mira de posibles mociones de censura.

De un lado, está la titular de Minas y Energía, Irene Vélez, fuertemente cuestionada por el irregular manejo de los datos sobre posibles reservas de gas y petróleo en Colombia, cuya cuantificación anómala venía siendo utilizada para justificar la controvertida postura gubernamental en torno a que no es necesario firmar más contratos para la exploración de hidrocarburos en nuestro país.

Vélez, igualmente, quedó en la mira de la Procuraduría y hasta de la Fiscalía, que investigan si en los cálculos erróneos que se hicieron en el cuestionado informe hubo actuaciones violatorias en lo disciplinario y lo penal. Es más, la ex viceministra de Minas, Belizza Ruiz, quien tuvo varios encontrones con Vélez por aspectos técnicos de la política de hidrocarburos y luego aseguró que nunca suscribió el polémico estudio sobre las reservas, ya rindió declaraciones ante el ente de control disciplinario días atrás.

No hay que olvidar que Vélez ya fue objeto, en diciembre pasado, de un debate de moción de censura que solventó gracias a las mayorías de la coalición parlamentaria gubernamental en la Cámara, que negaron en bloque la sanción política que impulsaron sectores del uribismo y Cambio Radical. En esa ocasión, se le reprochó a la ministra sus confusas explicaciones sobre la política minero-energética y la tesis del “decrecimiento económico” como fórmula de combate al cambio climático.

De otro lado, esta semana también quedó en el ojo del huracán el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, luego de que advirtiera que el Gobierno podría “parar” la financiación de otros proyectos de transporte público masivo en la capital del país si la administración de Claudia López y la Empresa Metro se continúan oponiendo a modificar el trazado de la primera línea del sistema. El Ejecutivo, como se sabe, busca que un tramo, sobre todo por la Caracas, sea subterráneo y no elevado, como ya fue contratado después de un largo proceso en las alcaldías de Peñalosa y la actual, que contó con varios Conpes y asesoría internacional del más alto nivel.

Aunque inicialmente las reacciones de la mayoría de parlamentarios se dirigieron a que el titular de Transporte sería citado a un debate de control político urgente, tanto por el tema del Metro como por otra polémica que protagonizó esta semana, referida al intento de restringir el uso de las plataformas electrónicas tipo Uber o Didi (postura que luego reversó), el viernes se empezó a hablar de una posible citación a un debate de moción de censura. Esto luego de que tanto él como el propio presidente Petro elevaran el tono de la discusión con el Distrito, reiteraran el condicionamiento de parar la financiación a otros proyectos de transporte en la ciudad y de que incluso el propio mandatario anunciara que viajaría a China a hablar directamente con el gobierno y el consorcio encargado de la construcción de la primera línea.

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Otro terremoto…

Pero si la tormenta rodeó esta semana a Vélez y Reyes, a la titular de Salud, Carolina Corcho, no le fue mejor. Ya venía siendo blanco de muchas críticas en las últimas semanas, especialmente por afirmar que había socializado con todos los actores del sistema de salud el contenido de la reforma que empezará a ser debatida este martes, postura que fue desmentida por varios sectores, los cuales precisaron que sí se les presentaron las bases de la iniciativa, pero no el borrador del proyecto.

Lo cierto es que en medio de un debate nacional bastante álgido al respecto, que ni siquiera alcanzó a ser aclarado en el consejo de ministros del fin de semana pasado en Villa de Leyva, hubo un hecho político de marca mayor: el miércoles se conoció el concepto que había rendido el ministro de Educación, Alejandro Gaviria –quien estuvo siete años en la cartera sanitaria durante el gobierno Santos– sobre la reforma que impulsa Corcho.

La filtración del concepto de Gaviria, en el cual advirtió sobre los vacíos y cambios riesgosos que plantea la iniciativa en ciernes, no solo confirmó las reservas que han expresado múltiples sectores sobre los peligros de derruir el actual sistema sanitario, sino que debilitó aún más las tesis de Corcho, quien es señalada de ideologizar la reforma y querer desterrar toda iniciativa y capital privado del esquema de aseguramiento y atención médica en Colombia.

Aunque Gaviria trató de matizar el contenido crítico de su informe, asegurando que se había presentado muchos días antes y que incluso fue discutido en el consejo de ministros de Villa de Leyva, lo cierto es que tanto Petro como la titular de Salud quedaron en una postura de debilidad política evidente.

Dos lecturas

Para algunos analistas, los continuos rifirrafes en el gabinete Petro hacen parte de una clara estrategia de gobierno.

“… Hay dos formas de leer esta circunstancia: de un lado, que el presidente hizo una selección desatinada de los integrantes de su gabinete y que, por lo mismo, no hay semana en que algún ministro o ministra deje de estar bajo fuego de sectores políticos, económicos, gremiales… Si esto fuera así, entonces la situación se solventaría con que el jefe de Estado, en un ejercicio de autocrítica normal, aplicara relevos en algunas carteras y llamara al orden al resto de la nómina ministerial… Pero creo que resulta más acertada una segunda lectura: el gabinete no se le está saliendo de cauce al presidente, sino que es este quien los alienta a generar la polémica… En otras palabras, el Gobierno no se ve sorprendido por los sismos multisectoriales que produce su política pública, sino que los está generando y propiciando”, explicó un experimentado analista político que ha asesorado varias campañas presidenciales y que pidió la reserva de su nombre.

Agregó que “… el gobierno Petro tiene un estilo confrontacional, se siente cómodo en ese escenario, lo propicia y saca réditos del mismo, más ahora que las elecciones regionales están a menos de nueve meses… Tiene la tesis de que el cambio genera –y debe hacerlo a gran escala– resistencias, y que el día en que nadie proteste o alerte por alguna política, anuncio o intención gubernamental, el cambio de fondo no se está aplicando como se prometió en campaña o, peor aún, el cambio se amansó… Los ministros que más le gustan a Petro –y a los que más ha salido a respaldar– son los que están en la primera fila del debate político, los alienta a confrontar política e ideológicamente… Les dice en los consejos de ministros que el cambio no será fácil, que habrá muchos enemigos y que hay que batallar todos los días… Petro, entonces, no es víctima de su gabinete o de una elección poco acertada de ministros, es el impulsor de ese estilo confrontacional… Así llegó a la Cámara, al Senado, a la alcaldía de Bogotá y adelantó tres campañas presidenciales… No hay de qué sorprenderse… Otra cosa es cómo cada quien evalué las consecuencias de esa estrategia… Creer que las polémicas día tras día son fruto de la inexperiencia ministerial o la demora presidencial en tomar correctivos, es una lectura equivocada… Aquí hay una estrategia y se está aplicando”.

La táctica de Petro  

La intencionalidad de ese estilo presidencial estaría confirmada en lo ocurrido esta semana con los tres ministros.

De un lado, Petro volvió a respaldar a Vélez. En primer término, la excusó diciendo que ella cometió un “error matemático” en el cuestionado informe, el mismo que no catalogó de grave pese a las muchas implicaciones que tiene un descache con las cifras de hidrocarburos. Y, en segundo lugar, no le llamó la atención frente a la afirmación de la ministra, en una entrevista, en torno a convocar al titular de Hacienda, José Antonio Ocampo, a “remar para el mismo lado”.

Como se sabe, el zar de las finanzas, incluso a contravía de la propia Vélez, ha tratado de calmar desde el día uno del gobierno los nervios en la industria petrolera por los drásticos cambios planteados por el Ejecutivo. Incluso, ha enfatizado que en estos momentos es muy difícil prescindir de una actividad que genera el 5% del PIB nacional, 40% de las exportaciones, 20% de ingresos fiscales y 87% de las regalías.

En cuanto a Reyes, la cuestión es aún más sintomática de ese estilo confrontacional del Gobierno. De hecho, cuando el ministro lanzó el jueves las advertencias sobre “parar” la financiación de más obras en Bogotá si no se cambia el trazado del Metro, lo hizo justo después de salir de la Casa de Nariño y tras dar a conocer el concepto encargado al bufete del exministro de Justicia, Enrique Gil, en donde se concluye que sí es viable cambiar el contrato con el consorcio chino. Es más, el anuncio presidencial en torno a que viajará a Pekín para tratar el tema con el gobierno asiático, no solo resultó desafiante frente a la postura de la alcaldesa López, gremios, concejales y congresistas, que advierten una especie de “chantaje” del Ejecutivo, sino que, en un hecho sin antecedentes, confirmó que el jefe de Estado hizo de este tema un asunto casi que personal.

Con Corcho el aval fue incluso más perentorio, ya que Petro no solo se mostró molesto por la filtración del informe crítico de Alejandro Gaviria, sino que defendió los alcances de la reforma, señalando que los cambios fueron prometidos en campaña e incluso están en el programa político que presentó como candidato y que, en su opinión, fueron avalados en las urnas.

Para no pocos analistas, por esta vía el jefe de Estado no solo recalcó que el “cambio” en salud se hará contra viento y marea, sino que, además, ratificó que el llamado “a la calle”, a la movilización popular para defender las reformas (salud, pensiones, laboral y justicia) tiene como principal objetivo presionar, no tanto a la minoritaria oposición en el Congreso o a los contradictores en sectores políticos, económicos, sociales e institucionales, sino a los partidos de su propia coalición, sobre todo a los conservadores, La U y los liberales.

Como se sabe, los primeros anunciaron esta semana que se reunirán para analizar el alcance de la reforma, en tanto que la segunda colectividad también expresó que el sistema no puede ser cambiado del todo. La postura más dura vino de las toldas rojas, en donde el expresidente César Gaviria dejó en claro que esa facción no dejará que se “arrase” el esquema actual.

Así las cosas, según algunos congresistas, la Casa de Nariño busca que las marchas del 14 de febrero, más que un contrapeso a las movilizaciones citadas por la oposición contra el Gobierno, se conviertan en un eje de presión a los partidos de centro y centroderecha que hacen parte de su coalición.

Aunque nadie desconoce que la fidelidad política de estas colectividades al Ejecutivo está supeditada, en buena parte, a las cuotas de poder que cada una de ellas tiene en el gabinete y muchas instituciones del gobierno nacional central (claves estando a nueve meses de las urnas), Petro también sabe que a esas tres bancadas les costará mucho ‘tragarse el sapo’ de reformas con propuestas radicales, abiertamente contrarias a la iniciativa privada y destinadas a una atropellada estatización de muchos sectores, como las que contienen los proyectos de salud, pensiones y laboral y de justicia, todas programadas para radicarse en este primer semestre legislativo.

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Vía riesgosa

Ahora bien, más allá de que el Gobierno aplique esta estrategia de batallar día a día su gestión de “cambio”, resulta evidente que su implementación conlleva serios riesgos para la marcha del Ejecutivo y la institucionalidad.

Por un lado, es claro que la ideologización de las reformas y la beligerante gestión está debilitando la unidad y coherencia gubernamental. Prueba de ello son no solo los roces entre Vélez y Ocampo, los criterios encontrados de Corcho y Alejandro Gaviria, sino la accidentada renuncia de la viceministra de Minas, a la que el viernes se le sumó la salida de la viceministra de Empleo y Pensiones en el Ministerio de Trabajo, Flor Esther Salazar, que tenía apenas un mes en este cargo clave para las respectivas reformas. Presuntas tensiones con la titular de la cartera laboral, Gloria Ramírez, por algunos nombramientos serían el origen del cortocircuito.

A ello deben sumarse otras denuncias en torno a que en varias dependencias la orden es sacar a todos los asesores y expertos técnicos que venían del gobierno Duque. No hay que olvidar que meses atrás el propio Petro citó la tesis del “enemigo interno” para advertir que había dentro del Ejecutivo quienes se oponían o trababan el “cambio”.

Se sabe, también, que en varias entidades hay inconformidad de funcionarios de libre remoción e incluso de carrera que no comparten el estilo, políticas o decisiones gubernamentales. En los corrillos han sido muy comentadas las renuncias de dos altos cargos de Bienestar Familiar o la ‘barrida’ de funcionarios experimentados en Minsalud y el Instituto Nacional de Salud.

Hacia afuera del Gobierno el efecto también resulta complicado. Los yerros en distintas posturas ministeriales; los mensajes confusos y bandazos en varias políticas clave (desde hidrocarburos, pasando por las reformas en ciernes y hasta en lo atinente al accidentado proceso de paz); los anuncios de políticas sin tener a la mano cifras y estructuraciones sólidas; la creencia creciente de que se está improvisando en muchos flancos o acudiendo a medidas populistas para impactar a la opinión pública con miras a la justa electoral (congelamiento de tarifas de peajes, rebaja del SOAT, anuncios de subsidios al por mayor)… Todos son elementos que están disparando la percepción de una Casa de Nariño que pareciera estar en campaña más que gobernando.

Esta lectura está reforzada por el efecto de la propensión presidencial y de altos funcionarios a estar hora tras hora en el desgastante ring de las redes sociales. Incluso, la cantidad de viajes realizados por el Primer Mandatario en apenas seis meses está fortaleciendo la tesis de sus críticos en torno a que Petro está más dedicado a volverse el líder de la izquierda latinoamericana que a gobernar como tal, y por eso estaría delegando en sus ministros muchas políticas de primer nivel, impacto e importancia.

Además de lo anterior, no pocos sectores advierten que la Casa de Nariño podría estar subdimensionando las duras implicaciones de la descolgada económica este 2023, los efectos de la escalada inflacionaria, el aumento de la violencia a nivel regional (que algunos gobernadores y alcaldes relacionan con los efectos de la política de paz y los improvisados ceses el fuego) y el nerviosismo de los inversores locales y foráneos sobre el rumbo productivo.

También hay una alerta temprana en torno a lo nocivo que resulta para el principio de legalidad y la primacía institucional una advertida propensión gubernamental a saltarse las normas y canales ordinarios, como ocurrió con las órdenes para excarcelar a integrantes del ‘Clan del Golfo’ sin que existiera marco jurídico para ello, tal y como lo advirtió la Fiscalía, o la decisión intempestiva de retomar funciones en las comisiones reguladoras de servicios públicos…

Precisamente por todo lo anterior es que la sucesión de controversias ministeriales en el gobierno bien se podría considerar un síntoma de un estilo de gobierno en el que la estabilidad en cualquier flanco de lo público pareciera ser considerada enemiga del “cambio” o evidencia de que este no ha llegado allí. Ello explicaría por qué se siente más comodidad al vivir de sismo en sismo, antes que apostar por la evolución tranquila y funcional de la gestión y el Estado.