El presidente de la Cámara, Andrés Calle, y la consejera presidencial para la Regiones, Sandra Ortiz, rechazaron las declaraciones de Sneyder Pinilla, exsubdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), quien aseguró que el congresista y la funcionaria están implicados en un presunto caso de corrupción relacionado con la entrega de un dinero a cambio de agilizar la aprobación de las reformas. 

Pinilla señaló que entregó $1.000 millones a Andrés Calle, dinero que, según relata el exfuncionario, salió del contrato para la compra de carrotanques para La Guajira. 

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A través de su cuenta de X, antes Twitter, el parlamentario aseguró no tiene vínculo con ningún contrato u otra actividad ilegal. 

"Inicialmente, quiero dejar claro que no he tenido relación alguna con dicho contrato, ni con ninguna otra actividad similar, es por eso que solicito a las autoridades que actúen con celeridad en este asunto, pero a la vez con total objetividad para que no se desvíe la atención con incriminaciones infundadas", señaló Calle. 

En ese sentido, agregó que "no cabe duda que defenderé en todas las instancias mi reputación y buen nombre, que son el reflejo de mi integridad y mi compromiso con la verdad. No toleraré ningún intento de difamación o injusticia hacia mi persona. Mi compromiso con la verdad y la justicia son y permanecerán inquebrantables".

Instrumentalización a la Fiscalía 

Por su parte, la consejera presidencial para las Regiones, Sandra Ortiz,  afirmó que presentará acciones legales para defender su buen hombre.

Pinilla, en declaraciones a la revista Semana, aseguró que la funcionaria se desempeñó como "mensajero" del presidente del Senado, Iván Name, para recibir maletines con $3.000 millones. 

"En atención a la reciente información periodística que me vincularía con supuestos hechos en el caso del exsubdirector de la UNGRD, enfáticamente rechazo dichas afirmaciones calumniosas y en su momento presentaré las respectivas acciones para proteger mi honra y buen nombre, que durante tantos años de vida privada y pública se ha construido paso a paso con esfuerzo, honestidad, transparencia y amor a las convicciones de servicio y de tener un mejor país", sostuvo la funcionaria. 

En el comunicado de prensa, Ortiz aseguró que Pinilla está manipulando a la Fiscalía con el fin de conseguir un principio de oportunidad. 

"Lamento que se pretenda instrumentalizar judicial y políticamente a la Fiscalía General de la Nación a través de un principio de oportunidad, intentando con falsas delaciones desviar la atención de los verdaderos implicados en los hechos, y obtener beneficios en su proceso penal, sin dejar de lado el interés de socavar el trabajo que se ha efectuado desde el Gobierno Nacional
Confío en el obrar transparente y objetivo de la justicia a favor de la verdad para esclarecer la situación, y estaré presta a colaborar en lo que se requiera", indicó. 

"No lo conozco"

El presidente del Senado, Iván Name, dijo que las afirmaciones del exfuncionario de la Gestión del Riesgo no corresponden a la realidad.

"Frente a las acusaciones realizadas ante med ios de comunicación por Senyder Augusto Pinilla Álvarez, a quien no conozco, manifiesto a la opinión pública que dichas versiones no corresponden con la realidad", sostuvo el senador. 

En su misiva, sostiene que en la UNGRD hay funcionarios que pretenden desviar la atención a la investigación por el presunto desvío de recursos. 

"El país entero ha sido testigo de mis actuaciones públicas en el debate democrático. Los más de 45 años de vida públ ica que me preceden , dan cuenta de mi talante y proceder, que hoy se pretende afectar, desviando la atención de quienes desangraron el erario público en cabeza de la institución de la UNGRD", agregó el parlamentario. 

Finalmente, aseguro que está  "dispuesto  a  comparecer  antes las  autoridades  correspondientes  para  aclarar cualquier interrogante que pueda haber sobre mi conducta"

Ante esta situación, el Gobierno nacional ordenó una mesa técnica en coordinación con los demás órganos de control que permitan esclarecer qué funcionarios estarían implicados en hechos de corrupción.