Según nuestra Constitución Política (art. 13) todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades… sin ninguna discriminación por razones de… opinión política… y se le garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar… (art. 20). Pero en la práctica, tal derecho se ha vuelto relativo.
Ningún director de noticiero radial o periodista estrella, en condiciones normales, renuncia por voluntad propia al medio para el cual presta sus servicios. Tal escenario siempre ocurre por “invitación a renunciar” que le hacen los “empleadores” por sugerencia o por imposición del presidente de la República de turno, lo cual suele pasar acá y en Cafarnaúm. En los tiempos que alcanzamos a recordar, en mayo de 2001, Edgar Artunduaga (q.e.p.d.), que campeaba en el excelente espacio de humor La Luciérnaga, de Caracol -entonces del Grupo Santodomingo- se aventuró de crítico incisivo del gobierno Pastrana, hasta que le cortaron el aire.
Y si por Caracol llueve, en RCN no escampa. En junio de 2010, en tiempos de Uribe, el gran escritor y periodista Juan Gossaín, quien ocupó el cargo al frente de la dirección de noticias por poco más de un cuarto de siglo, debió pasar su carta a la Organización Ardila Lulle por presiones gubernamentales frente a unas graves denuncias -por él amplificadas insistentemente- del señor Daniel Coronel sobre un supuesto enriquecimiento de la familia presidencial frente a unas tierras compradas en cercanías de Mosquera, Cundinamarca, que -decía- se valorizaron de manera inusitada al convertirse en Zona Franca.
A Gossaín lo sucedió Francisco Santos -en tiempos de la presidencia de su acérrimo “primer peor primo”, del mismo apellido- a quien la sintonía radial le fue desfavorable y, además, coincidió con el inicio formal de los diálogos de paz dentro del fatal proyecto Farc-Santos, del que Pacho se convirtió en una especie de “piedra en el zapato” y pudo haberlo hecho trizas antes de su firma; en febrero de 2016 la perspicaz periodista Vicky Dávila fue invitada a renunciar a la dirección de ese noticiero por inmiscuirse más de la cuenta en la espantable “Comunidad del Anillo” de la Policía Nacional y por querer taladrar más profundo en esa institución, buscando la noticia, y más recientemente, Luis Carlos Vélez, director del programa noticioso de la misma FM, brillante economista y crítico bien informado de la realidad del desgobierno actual, parece que rebosó la copa de la paciencia del impaciente Petro y fue llamado a “calificar servicios”.
Yo era seguidor tempranero de Vélez y de su excelente equipo de trabajo, donde brillan Darcy Quinn -la mujer mejor informada del país- y periodistas de la talla de William Calderón y Juan Lozano, a la postre nombrado en reemplazo del “defenestrado” y, estoy seguro, la línea crítica seguirá siendo firme y mi oído seguirá pegado en el transistor puesto en ese dial. Pero si en anteriores gobiernos estrictamente democráticos pasaban cosas, en el presente, de corte caudillista, pueden pasar muchas cosas más.
Post-it. Por fin el CNE se pronunció para investigar la campaña de Petro por violación de topes. Y el aludido principal, que se cree intocable, ya ha puesto en marcha su “dictadura de la calle” para subvertir el orden. Amanecerá y veremos, si gana la dictadura o el Estado de Derecho.