EL PROYECTO de reforma laboral, que superó con modificaciones el primer debate en la Cámara de Representantes, y ahora se espera debatir la ponencia para segundo debate a partir del 14 de septiembre, tiene serias complicaciones, sobre todo con varios de los artículos que fueron eliminados en materia sindical en la regulación del derecho de huelga y la negociación colectiva.

Como se conoció, el Ministerio de Trabajo tiene listos seis decretos que revivirían los artículos descartados en las discusiones para que las bancadas aprobaran el primer debate de la reforma y no se hundiera y tiene que ver con los límites a la tercerización laboral para los privados y las normas para prevenir la violencia y conductas de acoso sexual en el trabajo, así como se pretende regular la negociación colectiva unificada y otras normas que hacen parte del derecho laboral colectivo, como el derecho a la huelga, que incluye el procedimiento de derechos mínimos en las huelgas de los sindicatos, y la modernización del decreto 016 para tribunales de arbitraje.

¿Reemplazando al Congreso?

La firma Chapman Wilches en un comunicado conocido por EL NUEVO SIGLO, señala que los borradores de los decretos del Ministerio de Trabajo implican la subrogación del Congreso, vulnerando además el tripartismo y les dan la espalda a los más vulnerables del mercado laboral, desempleados e inactivos, que se incrementarían.

La firma aseguró que muchos de los puntos incluidos en los decretos que se presentarían se debaten actualmente en el Congreso, por lo que resulta paradójico el hecho de que se dé un debate de la reforma para discutir los puntos, si aun así se busca imponerlos con otra estrategia.

Ayer en una audiencia pública en la Cámara, el presidente de la SAC, Jorge Bedoya, solicitó la eliminación de algunos artículos de la iniciativa que podrían afectar al sector agropecuario.

Sostuvo Bedoya que “son aquellos donde está el contrato agropecuario el trabajo esencialmente subordinado, que se suma a unos temas que dan otorgamiento de viviendas a los trabajadores rurales, pero en general todo lo que queda en discusión de la reforma laboral hoy se lo hemos dicho a la ministra y a los ponentes que los eliminen porque las cosas serán mucho más difíciles”.

A generar empleo

Para el presidente de la ANDI, Bruce Mac Master, cualquier reforma laboral que se adelante debe tener en cuenta la generación de empleo como prioridad. El dirigente en un análisis enviado a este Diario, aduce que “parte de lo que debemos hacer es ver cómo aumentar la tasa de ocupación y las oportunidades para los trabajadores. Es difícil apartarse de esa realidad. Es imposible no reconocer que el principal problema, desde el punto de vista de la superación de la pobreza y la equidad social en Colombia, es precisamente el desempleo”.

Otro elemento que recuerda la ANDI es que “se deben generar todos los mecanismos necesarios que propendan por disminuir la informalidad en Colombia, que es del 57,8% en el país. En el país hay 12 millones de personas en condición de informalidad que tienen que entrar en el mercado formal, pues actualmente no tienen ningún derecho por esta misma condición. Este es un indicador que también debe ser visto como prioridad en la agenda nacional”.

Ojo a los costos salariales

Indicó que “si no estamos pensando en generar mayores condiciones de trabajo, no es pensable una reforma laboral que no sea capaz de aumentar la capacidad productiva y de tener oportunidades para todos”.

Al mismo tiempo, el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, indica en su cuenta de X, que “de prosperar esta reforma en los tres debates que faltan podríamos enfrentarnos a costos laborales superiores al 25% con la situación económica que estamos viviendo”.

Señaló que aspectos como el que los contratos de aprendiz de los aprendices del SENA pasen a ser contrato laboral podría representar un costo de $5,3 billones para los empresarios colombianos.

“Lamentablemente se aprobaron los artículos propuestos por el Gobierno que aumentarían sensiblemente los costos para el sector empresarial, como consecuencia de horas extras, dominicales y festivos, jornada diurna, vacaciones para el sector de vigilancia y laboralización del contrato de aprendizaje; temas que dejan por fuera a los 2,7 millones de colombianos que hoy no tienen un trabajo”, aseguró Cabal.

Al respecto el vocero de los comerciantes hizo referencia a un informe del Banco de la República, que revela que el incremento de los costos salariales propuestos en la reforma laboral recortaría unos 454.000 empleos y generaría graves afectaciones por el impacto en los despidos.

Desde que se conoció el primer borrador, el Gremio manifestó que no comparte el enfoque integral del proyecto, no solo porque elevaría entre 30 y 35% los costos que deben asumir las empresas, en su mayoría mipymes, sino porque los cambios normativos propuestos no responden a las necesidades del 63% de la fuerza laboral del país que se encuentra en la búsqueda de empleo o están en la informalidad.

Modificaciones al código del trabajo

Por su parte, el centro de pensamiento, ANIF, puso su ojo en las modificaciones al Código Sustantivo del Trabajo (CST) que implican un aumento en la remuneración, distinta al incremento anual, para corregir el efecto inflacionario. Uno de los más importantes es la reducción de la jornada laboral diurna.

Señalan, que “el artículo 13 de la reforma modifica el artículo 160 del CST, reduciendo la jornada diurna en dos horas, estableciéndola desde las 6:00 a. m., hasta las 7:00 p. m. Lo anterior implica que aumenta la jornada laboral con recargo nocturno e incrementa los costos laborales asociados a los empleados que trabajan en estos horarios”.

Argumenta ANIF, que “si bien la reforma pretende ampliar las garantías para los trabajadores, al igual que mejorar sus condiciones laborales y fomentar la formalidad, está lejos de hacerlo bajo ese mecanismo. El aumento en los costos de remuneración de 8,2% para los empresarios despierta importantes preocupaciones, sobre todo para aquellas actividades que se desempeñan principalmente en horarios desde las 7:00 p.m. Las ramas con mayor capacidad de generación de empleo coinciden con las que se desempeñan de noche, tales como el comercio y la construcción. Tan solo el comercio (que incluye servicios de alojamiento, comida y transporte) emplea al 33% de los ocupados a nivel nacional. Además, vale recordar que el 92% de las empresas en Colombia son microempresas que tienen un menor músculo financiero para asumir costos adicionales”.

¿Y el empleador?

Sostienen que “en ese orden de ideas, el nuevo costo derivado de la reforma laboral sería asumido en su totalidad por el empleador, pues eso no implica un incremento en los niveles de productividad ni en el valor agregado que aporta el trabajador. Además, en el ejemplo solo se toma en cuenta uno de los varios cambios que vienen con la reforma y cuyo costo debe ser asumido por el empleador”.

Adicionalmente, mencionan que “el aumento del recargo dominical y de las indemnizaciones por despido sin justa causa, son cargas que suman presiones financieras a los empresarios, particularmente a los de menor tamaño. Con todo, los resultados derivados de la reforma podrían ser dos. Como la productividad no cambia producto de la reforma, las empresas tendrán menores márgenes para crecer, generar más empleo y valor agregado. Por otra parte, la mayor carga salarial de la formalidad puede contribuir a que los empleadores busquen contratar menos personal de manera formal en el corto plazo e incluso empujar a la informalidad a aquellos que se encuentran vinculados hoy bajo un contrato laboral. De esta forma, se estaría materializando el objetivo contrario que persigue la reforma; más desempleo y mayor informalidad podrían derivarse de esta medida”.

El peligro de la informalidad

Según el gremio Aliadas, es crucial que el Gobierno incluya la protección de todas las modalidades de trabajo en su propuesta, ya que la reforma actualmente en discusión en el Congreso se centra en el trabajo dependiente y sindicalizado, dejando de lado la informalidad y los empleos independientes, que constituyen la mayoría del mercado laboral colombiano.

De acuerdo con cifras presentadas por Aliadas, de los 22,5 millones de personas habilitadas para trabajar en el país, solo 5 millones cuentan con contratos formales. En este contexto, la organización destacó la necesidad de que el Estado implemente reformas que abarquen todas las formas de empleo, dignificando diversas profesiones y adaptándose a las nuevas realidades sociales, tal como lo ha recomendado la Organización Internacional del Trabajo (OIT).