A MEDIDA que se acercan los últimos debates del proyecto de reforma pensional, que vio luz verde en el Senado el pasado 23 de abril, y deberá ser aprobado en la Cámara de Representantes antes del 19 de junio, surgen alarmas sobre su articulado entre los mercados financieros.

A medida que se conoce su articulado, desde el sector privado se hacen reparos a puntos álgidos que, a juicio de expertos, generan más preocupaciones que soluciones reales para la población.

Entre los puntos que han sido cuestionados y que deben aclararse en los próximos debates en la Cámara, están que no se ha clarificado cuál será el impacto fiscal de la reforma, cómo será su financiamiento, la entrada en vigor para convertirse en ley, y el efecto que puede generar entre los trabajadores el umbral de los 2,3 salarios mínimos.

Precisamente, varios de estos cuestionamientos fueron hechos por el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) a comienzos de este año, pero que, a razón de los analistas, esos interrogantes no han sido despejados

Punto crítico

Según la CARF, la falta de claridad sobre el impacto fiscal ha sido un punto crítico. Aunque se solicitó repetidamente al gobierno que presentara estimaciones del impacto fiscal de las prestaciones en cada uno de sus pilares, hasta la fecha no se ha realizado un análisis objetivo que evalúe el impacto fiscal de la versión final del texto aprobada en el Senado.

Varios sectores, incluidos académicos, grupos de investigación, asociaciones y organismos de control, han expresado preocupaciones sobre las implicaciones económicas y financieras de la reforma y han propuesto ajustes al articulado, pero estas sugerencias no fueron incluidas en la última ponencia para su debate definitivo en la Cámara de Representantes.

Costo del pilar

En el análisis de las finanzas con la reforma, la CARF dice que, frente al Pilar Solidario, este tendrá un costo de 0,3 % del Producto Interno Bruto (PIB) en 2025, es decir, $4,3 billones. Cabe resaltar que los recursos del Pilar Solidario deberán ser asignados por el Presupuesto General de la Nación todos los años en el Congreso de la República.

Estos recursos deberán tener en cuenta los techos de gasto fijados por el Marco Fiscal de Mediano Plazo y ser consistentes con la Regla Fiscal. Este pilar no corresponde a un derecho pensional, responde a un programa social y deberá estar sujeto a los recursos disponibles para el mismo.

En cuanto al Pilar Semicontributivo, el CARF estima que este tendría un costo del 0,1 % del PIB en 2025, que aumentaría a 0,3 % del PIB en 2029, y después subiría lentamente, hasta 0,5 % del PIB en 2070.

Este gasto se explica por la devolución de los saldos de los cotizantes y al rendimiento real de las cotizaciones a Colpensiones que se otorga a aquellas personas que cotizaron entre 300 y 1.000 semanas, y que no se encuentran en condición de pobreza ni vulnerabilidad. Los beneficiarios de este pilar tampoco accederían a una pensión dado que recibirían montos mensuales menores a 1 salario mínimo.

Frente al Pilar Contributivo, en el que efectivamente están los pensionados, se estima que, las necesidades de Colpensiones para el pago de mesadas y devoluciones aumentarían del 3 % del PIB en 2035 al 5,5 % del PIB en 2070. Esto se explica porque Colpensiones pasaría a responder por los primeros 3 salarios mínimos de todas las pensiones.

Mayor deuda

Andrés Monroy, gerente de Impuestos y Servicios legales de Crowe Colombia, firma de servicios profesionales de auditoría, asesoramiento legal y fiscal para el sector empresarial, explica “cualquier incremento en el umbral significará una mayor deuda pensional del Estado a futuro, pero también cualquier disminución implicará un menor valor de pensión a futuro, especialmente de los más jóvenes, así como un desincentivo al ahorro y a la función complementaria que ahora asumirían los fondos privados. Se requiere un análisis juicioso para lograr el equilibrio adecuado”.

Por otra parte, ya fue presentado el texto por la ponente de la iniciativa, Martha Alfonso, de la Alianza Verde, y que mantiene varios aspectos de lo que se aprobó en Senado y en la Comisión Séptima como el umbral de 2,3 salarios mínimos para cotizar en Colpensiones y la entrada en vigencia de la reforma en julio del 2025.

Según Alfonso, el texto tiene un alto nivel de consenso debido a que “los principales debates que se dan para esta ponencia final están asociados principalmente para la conformación del comité directivo del fondo de ahorro y pilar contributivo que administrará el Banco de la República”.

Por otro lado, también para esta semana se tiene previsto que el Gobierno responda a los requerimientos de la Procuraduría General de la Nación al proyecto de reforma pensional.

En el texto del ministerio público, se plantean cuatro ejes claves relacionados con futuras designaciones por parte del Gobierno, el impacto fiscal, la entrada en vigencia del nuevo sistema y la viabilidad de Colpensiones para ser gerente.

Observaciones

La primera observación está relacionada con 45 temas estructurales del sistema, los cuales quedarían a determinación del Gobierno y pueden "generar altas judicializaciones, vulneración a los derechos de los afiliados que soliciten el reconocimiento de una prestación económica y que se vean afectados por demoras en la reglamentación", entre otros temores.

Algunos de estos son los beneficiarios de la subcuenta del pilar solidario o el ingreso al mismo. También sobresalen el financiamiento del pilar semicontributivo o la redención del bono a las AFP.

En otro orden, el texto también plantea insuficiencias en cuanto a la capacidad de Colpensiones para ser gerente del nuevo esquema pensional, conclusión que plantean luego de que la entidad no respondiera algunas solicitudes de información o lo hiciera de forma deficiente.

Asimismo, insistieron en el impacto fiscal de este proyecto. “No se ha informado por parte del Ministerio de Hacienda, si este proyecto es sostenible fiscalmente. Este tema es de gran importancia porque de aprobarse la reforma sin el estudio de impacto fiscal, podría aumentar el pasivo pensional y generar fallos de inconstitucionalidad”, dijo la entidad en el documento.

Las recomendaciones de ANIF y Fedesarrollo

Los directores de la ANIF, Fedesarrollo y profesores de reconocidas universidades, le enviaron una carta al Congreso de la República proponiendo cambios en la reforma pensional.

El primero es bajar el umbral de 2,3 salarios mínimos a 1,5 salarios mínimos. “Esta medida profundizaría aún más la reducción de los subsidios regresivos presentes en el sistema actual, promoviendo así la equidad y la sostenibilidad, protegiendo al mismo tiempo el ahorro pensional y nacional”, dice la misiva.

Otro punto tiene que ver con que la ley entre en vigencia en 2026, “considerando que la transición hacia un nuevo sistema requiere tiempo, esfuerzos de divulgación y la adecuación de los sistemas de información de Colpensiones”.

Señalan los centros de pensamiento que “se fortalezca el régimen de contratación de Colpensiones. “Es fundamental que la Junta Directiva de Colpensiones cuente con integrantes técnicos e independientes. Además, la selección de sus funcionarios, incluyendo su presidente, debe regirse por perfiles definidos, requisitos claros de formación y experiencia, así como por un proceso de selección transparente y competitivo”, señala la carta.